Pérez cuestiona que la Delegación dificulte la circulación de migrantes

El Gobierno canario siempre ha pensado que no existe “ninguna razón legal” para obligar a un migrante a permanecer retenido en las Islas hasta que se ejecuta su orden de devolución. Así lo afirmó ayer el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que reconoció que “sigue habiendo controles” que dificultan las salida de los migrantes, y que responden a “discrepancias jurídicas” de la Delegación de Gobierno, que sí considera legales estas “limitaciones a la movilidad”, a pesar de que ya hay resoluciones judiciales que van en sentido contrario y que incluso consideran que una orden de devolución no ejecutada caduca a las 72 horas de haberse dictado.

Una crítica al Gobierno central que refleja las raciones de cal y arena que Pérez dio ayer a sus compañeros socialistas del Estado durante su comparecencia ante ante la Comisión de Gobernación del Parlamento, solicitada por CC. Porque Pérez también recordó que, de los más de 28.000 migrantes llegados desde 2020 en pateras y cayucos, solo quedan en torno a 3.300, lo cual demuestra que se están produciendo tránsitos y derivaciones a la Península. Aunque cuestionó la política de comunicación del Ejecutivo central, que evita dar publicidad a estos datos para no producir un efecto llamada.

Un oscurantismo informativo -lo que no se explica, no se sabe- que permite a la oposición decir que apenas hay cambios, como aseguraba ayer Jana González, diputada de CC, que utilizó la metáfora de las islas como grandes centros de retención. Además, González criticó la supuesta complacencia del Gobierno autonómo con el del Estado, cuyo progresismo puso en duda, teniendo en cuenta los fallos de la política migratoria y de acogida humanitaria que han señalado el Defensor del Pueblo u ONGs como CEAR, y pidió que Canarias exija la convocatoria de la Mesa Interterritorial de Asuntos Migratorias. También criticó que el Gobierno canario no hubiera hecho un inventario, como González misma pidió hace un año, sobre posibles lugares para la acogida humanitaria y que ahora se vuelvan a utilizar hoteles en Fuerteventura para alojar a migrantes en una isla tan turística. “Improvisar de esta manera con el pan que nos da de comer a los majoreros y majoreras no nos hace ninguna gracia”, afirmó.

Pérez le afeó vincular migración con impacto negativo en el turismo, una tesis muy criticada por CEAR, como recordó el consejero. Reconoció que sigue habiendo muchas cosas que mejorar, y especialmente pidió una ley estatal que obligue a distribuir a los menores migrantes no acompañados entre comunidades de manera “obligatoria”, no opcional, como hasta ahora. Aseguró que ha mejorado la asistencia jurídica, una exigencia que le hizo la diputada del PP, Luz Reverón, en la mejora de los recursos para identificar a las personas vulnerables.

Pero Pérez también intentó abrir el foco, mostrando que la migración es un hecho global impepinable, pidiendo a la U.E que asuma sus responsabilidades y afirmando que, más que una política migratoria canaria, como le solicitó Luis Campos, de NC, lo que necesita el archipiélago es una política africana de relación estrecha con sus vecinos. Aunque pidió que Frontex se despliegue en el Atlántico, también exigió vías para migrar de manera segura desde África y evitar una actitud colonial: “En el XIX explotábamos, y en el XXI, encerramos”, afirmó en relación al blindaje fronterizo de la U.E.