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El PSOE acusa al Consistorio de contratar “a dedo” un millón de euros

El Pleno Extraordinario sobre las contrataciones por la vía de emergencia en Santa Cruz concluye sin acuerdos

El uso de los contratos de emergencia en el Ayuntamiento de Santa Cruz fue ayer objeto de debate, que no de acuerdo, en una sesión extraordinaria del Pleno capitalino, que se celebró a petición de los grupos de la oposición: PSOE, UP y Cs. Fueron precisamente los socialistas los que llevaron el peso del debate, puesto que es la formación que, durante meses, ha recabado la información en la que ayer apoyó su intervención la presidenta de la formación, Patricia Hernández. La exalcaldesa aseguró que, aunque la mayoría de los 40 contratos que el Consistorio ha adjudicado por esta vía excepcional, se ajustan a lo que marca la ley, hay un porcentaje que “ni se han hecho de forma puntual, ni cuentan con informes técnicos que avalen la emergencia. Estamos hablando de contratos que están en torno al millón de euros, sin informes técnicos que avalen la emergencia, que se han adjudicado a dedo, desde agosto, septiembre u octubre del año pasado, y que aún siguen sin una regularización, defendió Hernández.

Según la información con la que cuenta la oposición, son más de 4,7 millones los adjudicados por la vía de emergencia, una figura que permite precisamente adjudicar a una empresa de forma directa sin concurso previo. De ellos, los socialistas han puesto el acento en las áreas del IMAS, de Educación y también de Deportes, en las que se han contratado obras para el césped de los campos municipales, el servicio de acogida temprana o el de dinamización de los mayores, actividades todas ellas que se hacían antes de la pandemia, y que, según la oposición no cumplen con el criterio que deben regir las contrataciones de emergencia.
Desde Cs, su portavoz, Matilde Zambudio, apuntó que “con esta forma de proceder se esta hurtando a las empresas del municipio la posibilidad de postularse para acceder a esos 4,7 millones de euros”. “Muchos de los contratos son necesarios pero la forma de llevarlos a cabo, a dedo, no es adecuada”, añadió.

Desde Unidas Podemos, Ramón Trujillo, ahondó en la idea de que se rompe la libre concurrencia. “Esto supone discriminar a algunas empresas y beneficiar a otras, además de que, esta forma de contratar tiende a subir los precios”.

Patricia Hernández insistió en que la contratación por emergencia es legal, pero siempre con unos límites que, aseguró, en algunos se sobrepasan. “En muchos no tenemos ninguna duda como algunos de las mascarillas, el muro de Las Acacias, la señalética de los colegios o su adaptación, pero es que, en otros, es un cachondeo”, apuntó la exalcaldesa. “Hay una ausencia de vergüenza total con contrataciones que solo tienen el apoyo de la Junta de Gobierno” añadió.

Frente a las críticas de la oposición, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Martínez, recordó que el informe del secretario en el que se apuntaba que cualquier acuerdo que se hubiera tomado (no los hubo) hubiera sido nulo de pleno derecho al no contar con un expediente administrativo que respaldara los puntos a debatir. El edil defendió que la oposición estaba invadiendo las competencias de la intervención, que es la encargada de la fiscalización, y acusó a la oposición de usar la emergencia social para generar “ruido político”. Martínez añadió que, gracias al Plan de Control Financiero aprobado en 2019, “el 100% de los contratos de emergencia serán sometidos a fiscalización”. Avanzó que, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ya ha dado orden para que se proceda a licitar los contratos afectados por la emergencia.

El resto de puntos del orden del día se centró en los contratos del IMAS, y en el supuesto “uso fraudulento” que la edil de Acción Social, Rosario González, hace de la delegación para contratar que en abril de 2020 hizo el Consejo Rector en la presidenta del órgano, al entender la oposición que ya no se dan esas condiciones. También se abordó la suspensión del contrato de acogida temprana realizada por la edil de Educación, Claudia Reverón, servicio que entregó “a dedo” a otra empresa, todo, según la oposición, sin un informe técnico que avalara la decisión.



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