economía

Un cambio en el REF que ha unido a todos frente a Madrid

La pérdida del diferencial favorable del 80% en las deducciones a las producciones audiovisuales en Canarias será rechazado mañana en el Parlamento de forma unánime

Las diferencias fiscales entre el poder central y los estados siempre tienen un potencial explosivo. Tanto, que a veces consiguen generar una insólita sensación de unidad de país entre quienes se sienten maltratados. Y eso es lo que va a ocurrir mañana lunes en el Parlamento canario, donde todos los grupos, que ya se han puesto de acuerdo, apoyarán un informe desfavorable a una reforma del Régimen Económico y Fiscal canario dentro del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que se debatió esta semana en el Senado y que incluía elevar en Canarias el tope a las deducciones a las producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. De los 5,4 vigentes hasta ahora a los 12,4, un porcentaje que ya rechazó el Consejo de Gobierno de Canarias el pasado jueves por considerar con no respeta el diferencial histórico del 80% favorable a Canarias respecto al resto de España que estaba vigente hasta 2020.

El año pasado, el Gobierno aprobó los decretos 17/2020 y 34/2020, con ayudas al sector cultural para paliar el enorme impacto económico de la pandemia. Entre otras, se elevaron en España los topes por deducción a las producciones audiovisuales de los tres millones de euros a los diez. Sin embargo, en Canarias se mantuvieron en 5,4. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentando, a través del Proyecto de Ley presentado en las Cortes, recuperar una parte de ese diferencial, pero para alcanzar el 80%, el tope debería elevarse a los 18 millones. Para darle un efecto retroactivo, y dadas la urgencias del sector audiovisual por la finalización de plazos fiscales, el Gobierno aprobó esta semana un decreto ley que extiende ese tope para Canarias de 12,4 millones a 2020.

Nada impide legalmente al Gobierno español realizar esta reforma, pues el REF se trata de una ley ordinaria que puede ser modificada con otra ley ordinaria. El sistema de deducción a la inversiones, recogido en el artículo 90 de la reforma del REF de 1991, se sigue respetando con carácter general, con sus tipos impositivos y su límites de deducción. El problema es que, en la reforma del REF de 2014, se introdujeron, en su Disposición Adicional XIV, cantidades exactas para los topes a las deducciones en las producciones audiovisuales. Entonces fueron 5,4 millones para la producciones nacionales y 4,5 millones para producciones internacionales, frente a los 3 y 2,5 millones del resto de España. En la reforma de 2018, el tope a las producciones internacionales se subió a 5,4 en Canarias después de que se hubiera elevado a 3 millones a nivel estatal el año anterior. En ambos casos se repetaba ese diferencial del 80% entre las Islas y el resto de España.

“No fue adecuado poner un cuantía fija, no es algo sano para nuestro REF y es un mal precedente”, afirma Orlando Luján, economista, asesor fiscal, y experto en nuestro Régimen Económico y Fiscal. Luján reconoce que lo que ha hecho el Gobierno central “es legal, pero traiciona los 30 años de diferencial porcentual del REF. Va contra el espíritu con el que se ha articulado este diferencial”. Además, considera que “estas deducciones no suponen una carga para el Estado. De hecho, la suma de las ayudas al sector audiovisual no puede superar los 50 millones de euros, porque así está en la normativa de límites de acumulación de ayudas de Estado”.
Para Luján, se ha evidenciado que nuestro REF, específicamente mencionado en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, tiene “un cierto blindaje, pero no es absoluto”. La parte buena es que se se tendrá que convocar una comisión bilateral Canarias-Estado para negociar sobre el tema si dos tercios del Parlamento, como parece previsible, apoyan el informe desfavorable, aunque si no hay acuerdo, el Estado puede seguir adelante. La parte mala, como señala Luján, es que se cambiaran los topes en 2020 y no nos diéramos ni cuenta hasta ahora. De hecho fue este periódico el que sacó la noticia en Canarias el pasado mayo. Por eso, Luján pide que articular algún tipo de vigilancia más estable a través de una comisión permanente Canarias-Estado.


Mientras, la política canaria reacciona ante lo que considera una afrenta a la tradición fiscal de Canarias. De hecho, incluso el PSOE canario se ha sumado a la rebelión con sus compañeros del cuatripartito, imbuido de un espíritu autonomista ante la cerrazón del Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, es criticada por su tozudez, también por compañeros de partido. Pero si este asunto no se resuelve, su posición puede quedar tocada en la Islas. Por ahora, la contundencia del Gobierno autónomo ha dejado descolocada a CC, siempre con cierta disposición a una ‘rave’ de desencuentros metrópoli-Canarias con la que poder debilitar al Ejecutivo autonómico. Su secretario general, Fernando Clavijo, pide ya pide ir al Tribunal Constitucional, como si un problema político pudiera convertirse automáticamente en un asunto jurídico. Sin esperar antes a que vote el Parlamento o se reúna la comisión bilateral Canarias-Estado. Pero bueno, eso ya es otra tema.

TE RECOMENDAMOS