Hay, en el respeto a los mayores, una especie de refugio de la sabiduría, la herencia del trabajo, la charla reposada y la ternura que sobreviven en las antípodas del lenguaje áspero que a veces se instala de la realidad cotidiana. Y así, amable, fue el debate sobre la PNL que presentó ayer el diputado del PP, Hipólito Suárez, para instar al Gobierno a que favorezca el envejecimiento sano de las personas mayores en sus domicilios, con especial atención a las zonas rurales.
Suárez, que fue alcalde de Moya, nombró a varios vecinos para ilustrar lo que es una vejez rodeada de la familia, con el tono de quien va a la venta el sábado por la mañana a por jamón york y queso amarillo y pregunta por el viejo dueño, jubilado hace años. “Y Pepito, ¿cómo está?”. Luego criticó a los que dejan “abandonados” a los mayores y se suben a un “púlpito” a hablar bien de ellos el día que mueren. Quizá parezca una nimiedad, pero ya hay 320.000 personas mayores de 65 años en las Islas, como recordaba ayer la diputada de la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza. Y “podrían llegar” a 500.000 en 2030. Como para pensar cómo organizarnos en este proceso impepinable.
Antes de la PNL, habló en el pleno el diputado del Común, Rafael Yanes, que presentó su Informe Anual de 2020, donde se gestionaron 4.166 expedientes. Yanes hizo varias peticiones a la Administración, como que tenga en cuenta el informe extraordinario sobre centros residenciales de mayores o que reconozca la condición de familia monoparental a las mujeres que crían solas a sus hijos, con el objetivo de apoyarles en su inserción laboral. También pidió que la Federación de Fútbol tramite las fichas deportivas de menores no acompañados tutelados por la Comunidad o que se respete la paridad de género en los órganos colegiados y directivos de la comunidad, cabildos y ayuntamientos. Entre otras cosas.
La cosa estuvo tranquila hasta que llegó la PNL presentada por la diputada de CC Rosa Dávila para dar un fondo de apoyo con el que garantizar la supervivencia del grupo JSP-Celgán. Dávila intentó retratar al presidente Torres como una especie de esbirro del capitalismo financiero designado por el Club Bilderberg para desguazar en partes a una noble empresa canaria con 40 años de historia. “Cuando se trata de una empresa canaria, el Gobierno no está”, afirmó. “No haga demagogia con el trabajo de la gente”, le contestó Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias, que acusó a la diputada de crear “falsas expectativas”. Los partidos del Pacto de Progreso defienden que han intentado buscar, sin éxito, inversores canarios para JSP. Y aseguran que no es posible dar ayudas, sin más, por las limitaciones que establece la legislación europea. Por lo que antes tiene que haber un plan serio de viabilidad. Dávila afirmaba que sí puede haber un fondo de emergencia. Y Luis Campos, de Nueva Canarias, le respondía que si el sector público aparece como una especie de sostén de la empresa, será imposible una quita a la deuda que tiene JSP. El diputado socialista, Manuel Abrante, le recordaba a Dávila que durante la crisis anterior desaparecieron 10.000 empresas en Canarias y no se rasgó “las vestiduras”.
Más tarde le tocó turno doble a Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, que fue interpelada por la líder del PP, Australia Navarro, y por la diputada de CC Cristina Valido. Con Navarro, el debate fue el mismo de siempre: la oposición le critica a Santana que está haciendo una mala gestión en su departamento. Y Santana les responde que ha mejorado la Prestación Canaria de Inserción, que se habilitó un Ingreso Canario de Emergencia durante la pandemia o que ha habido complementos para las pensiones no contributivas. La oposición le dice que la dependencia está peor que antes. Y Santana responde que eso es porque había 5.000 expedientes en el limbo cuando llegó, pero que el proceso ya va cogiendo más ritmo.
Con Valido, la discusión fue sobre si la Consejería actuó bien cuando recibió, en junio, una denuncia anónima de supuestos abusos sexuales en un centro para menores migrantes en Gran Canaria. Para la diputada de CC, la Consejería tenía que haber ido pitando a la Fiscalía a que investigara el caso nada más recibir el anónimo. Para Santana, se hizo lo correcto abriendo primero una investigación interna de la propia Consejería.
Luego se convalidó el decreto aprobado recientemente para prorrogar las funciones del administrador único de RTVC, que tendrá que convocar un concurso, en el plazo de tres meses, para el contrato de las instalaciones y equipamiento de la televisión, absolutamente desfasados. Y mientras, podrá convocar otro para que se cubran estas necesidades mientras se resuelve el primero. También podrá negociar el convenio colectivo para los trabajadores de RTVC. La diputada del PP Luz Reverón afirmó que si este decreto lo hubiera hecho otro Gobierno, la izquierda lo habría calificado de “cacicada”. Y que al administrador único se le están dando poderes “plenipotenciarios”. El diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez aseguró que la situación actual de provisionalidad se debe al “esperpento” de la votación fallida a la Junta de Control y al director del ENTE público del pasado mayo. Y aprovechó para criticar las recientes entrevistas al presidente, Ángel Víctor Torres, con motivo de sus dos años de mandato, que calificó de “masajes”. A pesar de las críticas, la oposición se abstuvo.
Para acabar la fiesta, el pleno aprobó por unanimidad la ley para la agilización administrativa de los fondos ‘Next Generation EU. La ley parte del decreto aprobado por el Gobierno y convalidado luego en el Parlamento. Durante su tramitación como ley, se han incorporado casi un 70% por ciento de las 137 enmiendas presentadas por los grupos, salvo algunas de la oposición que pedían una mayor participación en la planificación de los fondos de los grupos parlamentarios, los cabildos, los ayuntamientos o los agentes sociales. Pero bueno, nada que se considerara una cuestión de vida o muerte. Así que buen rollo para empezar el verano.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas