El Pleno de Candelaria aprobó por unanimidad una declaración institucional en defensa del servicio público esencial de la Piscina Municipal dirigida a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, instándola a que resuelva favorablemente la concesión administrativa al Ayuntamiento de Candelaria, tras una enmienda del grupo de Gobierno a la inicial moción de Sí se puede. En la declaración final solo quedó el acuerdo, sin el anunciado de la moción, donde se pedían movilizaciones ciudadanas para conseguir el objetivo, “algo que ahora mismo, por la tramitación de la concesión y por las medidas COVID, no cabe”, señaló la alcaldesa Mari Brito.
En esta moción, el secretario municipal, tras un receso, recordó los antecedentes de la concesión administrativa de Costas sobre los 4.205 metros cuadrados que ocupa la piscina en el dominio público marítimo terrestre, sorprendiendo a todos unos datos significativos. La primera concesión se concede en 1970 por 15 años (hasta 1985) y desde entonces se dejó caducar la misma, hasta que en 1992 se pide la revisión al Estado sin que acceda a la concesión que se vuelve a solicitar en 2011, siempre con la piscina funcionando. Se resuelve la concesión administrativa en 2018, cuando el Ayuntamiento rehabilita la instalación, pero no fue aceptada hasta 2020, aunque aún se está pendiente de la resolución definitiva. Incluso se baraja la cesión de terrenos a Costas a cambio de esa concesión administrativa.
También se aprobó en el Pleno dos modificaciones de crédito, procedente del remanente municipal, por valor de 1.695.208,37 euros.
