Los inspectores de Salud Pública se concentraron ayer frente a la sede del Parlamento de Canarias para denunciar “la precariedad y el abandono” en el que se encuentra el servicio, ya que cuentan con 125 miembros en plantilla desde 2007, y con una media de un inspector por cada 25.000 habitantes, cuando en el resto del país se sitúa en un inspector por cada 12.000 habitantes. El colectivo denuncia unas cargas de trabajo inabordables; no poder cubrir las bajas, por lo que no se realiza ningún tipo de inspección en esas zonas; la falta de material para realizar su labor, o no disponer de vehículos para poder desplazarse.
El Comité de huelga afirma que “siempre ha actuando de buena fe”, pero lamenta “la falta de respuesta por parte de la Administración para solucionar los problemas de este colectivo y que afectan a todos los canarios”. Las propuestas que han enviado “no han tenido ningún tipo de respuesta” desde que comenzó la huelga el 31 de mayo, lo que les ha llevado a continuar las protestas ante lo que consideran “una falta de interés por arreglar la situación”.
Aseguran que la Consejería de Sanidad “será la única responsable de los graves riesgos que se produzcan en la Salud Pública Canaria. Se han dejado de realizar actuaciones e inspecciones y se han cancelado alguna toma de muestras de agua, alimentos, etc., por falta de medios”.
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