Los inspectores de Salud Pública del Gobierno de Canarias recorren a pie todos los lunes y martes las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna realizando su trabajo con maletín, mochila, bolso y una nevera azul. No lo hacen para encontrar así más incumplidores de las restricciones, sino como señal de protesta en el conflicto laboral que mantienen con la Consejería de Sanidad. Están hartos de usar sus propios vehículos para realizar la vigilancia, control e inspección alimentaria y ambiental por todas las Islas. Reclaman completar unas plantillas que nacieron diezmadas hace más de 20 años. Comparten ordenadores, recursos obsoletos, y es imposible que todos estén a la vez en la misma oficina al no caber ni tener equipos informáticos disponibles.
Los inspectores realizan una función muy importante para garantizar la salud. Sus actividades se engloban en tres grandes bloques. Por un lado, lo que es la seguridad alimentaria, el garantizar que todos los productos que están en el mercado sean seguros, desde el origen hasta que llegan al consumidor final en el supermercado, los bares y los restaurantes, etc., por ejemplo, controlando los mataderos y granjas; por otro lado, vigilan la salud medioambiental, garantizando que el agua de consumo que sale por el grifo, las aguas de las playas y de las piscinas estén en condiciones; y el cumplimiento de las condiciones de legalidad y seguridad en múltiples actividades como centros de tatuaje o piercing; y, el tercer gran bloque de tareas es comprobar que las medidas impuestas frente al coronavirus se cumplan. “Sin embargo, si no disponemos de medios para realizar estas funciones, lo que se está poniendo en juego es la salud de la población”, recalcó el portavoz del ,Comité de huelga del colectivo, Jafet Nonato.
En primer lugar, los inspectores en huelga reclaman completar las plantillas. “Desde que se creó el cuerpo en 1999 el déficit es crónico y el número siempre ha sido insuficiente”, y aunque en 2007 se incrementó en 9 personas, en todo el Archipiélago hay 86 inspectores que realizan sus funciones en la calle y deben controlar todas las actividades citadas anteriormente. “Para 2,2 millones de residente, además todo el gran volumen de turistas que nos visitan, el número de actividades que se realizan en las Islas y la cada vez mayor cantidad de requisitos que se exigen en todo tipo de actividades como las industriales, hacen que el número de recursos personales sean totalmente insuficientes”. Nonato recalca que “Canarias está a la cola del país con un inspector por cada 25.000 habitantes, por su puesto sin contar los 16 millones de turistas que nos visitaban, mientras que la media nacional es de uno por cada 12.500 habitantes. La plantilla está envejecida, y se están produciendo las jubilaciones de la mayor parte de los compañeros que entraron en 2000”. Para acceder al cuerpo de inspectores los aspirantes deben ser licenciados en Farmacia o en Veterinaria, y luego pasar los procesos selectivos correspondientes, pasar un período de formación práctica para realizar las labores de inspección. Su labor es absolutamente desconocida hasta que se produce una alerta como la de la carne de Magrudis, hay un brote de legionela o otras toxiinfecciones alimentarias, como la ciguatera en los pescados, o impiden el consumo del agua del grifo por exceso de flúor o prohíben el baño en las playas por bacterias fecales. “Tenemos un amplio campo de cometidos, y semanalmente debemos actuar por alertas como la retirada de artículos para que no lleguen al consumidor”, aseguró el portavoz de un colectivo que lamentó que sea una “labor desconocida”. “Nos da miedo de que al final pase un problema de verdad por no contar con los medios suficientes”.
La falta de material para facilitar el trabajo del colectivo es dramática, y no solo por la falta de ordenadores y material de oficina, sino en medidas de protección personal. “Necesitamos de todo. En Tenerife tenemos una oficina con siete ordenadores para 44 inspectores y tenemos que turnarnos para utilizarlos. Seguimos levantando las actas con un bolígrafo y papel autocopiativo. Cuando fue el boom de las microalgas entrábamos al mar a coger la muestras en bañador. Nos faltan, entre otros, aparatos, turbidímetros para el control sanitario de piscinas. Ahora con la COVID, carecemos de medidores de CO2 para saber si el interior de un gimnasio, un bar o un restaurante está bien ventilado, cuando es la Administración la que está obligada a controlar los niveles”.
A pie o en guagua
Uno de los problemas más sangrantes es el desplazamiento para realizar la vigilancia o toma de muestras. “Nunca se nos ha dotado de vehículos y siempre hemos usado nuestros propios coches con lo que supone para nosotros en visitas al taller al destrozar nuestros vehículos, ya que a veces nos desplazamos a lugares recónditos donde los caminos no están asfaltados. La única solución que nos han dado es un bono para movernos en guagua o en tranvía, y cuando se han solicitado taxis para llegar a otros sitios a los que no llega el transporte público se nos ha denegado. Hay compañeros que pueden realizar más de 5.000 kilómetros al mes.
Esta carencia también tiene una gran importancia en la toma de muestras. “Debemos recogerlas en unas determinadas condiciones establecidas por la Unión Europea, y deben custodiarse y transportarse de forma adecuada al laboratorio no perdiendo la cadena de frío”. Además, se toman muestras de productos a la venta en cofradías, mataderos, granjas y otras explotaciones agropecuarias. “Un inspector en Gran Canaria fue a recoger muestras a una granja de huevos, y le dieron una bolsa de plástico y un bono de guagua, y tuvo que caminar varios kilómetros a pie. Fue imposible cumplir las condiciones mínimas para garantizar un resultado representativo”, lamentó Nonato.
La Gomera solo cuenta con un inspector desde hace varios meses
La falta de efectivos es un drama. En La Gomera, la plantilla debe estar compuesta por tres inspectores, pero hace varios meses que solo trabaja uno para cubrir toda la isla. No puede tener un día libre, ni vacaciones ni abandonar la Isla” .
Por tanto, el colectivo de Inspectores de Sanidad reclama el aumento de la plantilla, ya que con el número actual es “totalmente imposible realizar todos los controles, auditorías y tomas de muestras a realizar”. Por otro lado, piden vehículos para poder desplazarse y medios materiales para poder realizar las actuaciones de forma correcta. Asimismo, quieren un reglamento que “regule sus actuaciones de forma homogénea” en todas las Islas y su “homologación, el reconocimiento de funciones y actuaciones” que realizan. “Tenemos una gran responsabilidad. Si vemos riesgos e irregularidades tenemos que decidir cerrar un restaurante o un hotel, con lo que ello implica”, expone.
Asimismo, realizan funciones fuera de horario, motivadas por una alerta alimentaria o un vertido “y ni se computan ni se cobran”. Como ejemplo, los inspectores que están “todos los días a las 4.00 horas en los mataderos insulares para garantizar que la carne que salga cumpla con todos los requisitos sanitarios. Nuestro horario es de 8 a 15.00 horas. Todas estas horas las hacemos de forma irregular, obligada y no se nos computan”, destacó Jafet Nonato.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas