Una de las características del populismo es la tendencia a disimular los errores propios usando un juego de apelaciones sentimentales con las que conmover a la ciudadanía. Y ayer, la exdiputada de Ciudadanos, Vidina Espino, lo ilustró bien durante el debate sobre los recursos de inconstitucionalidad que el Parlamento canario va a presentar, por decisión unánime de la cámara, contra un proyecto de ley aprobado en las Cortes y un decreto-ley del Gobierno central que han modificado el Régimen Económico y Fiscal de las Islas sin respetar todos los procedimientos exigidos por la Constitución y el Estatuto de Autonomía canario. En ambos se redujo el diferencial ‘histórico’ favorable para el archipiélago del 80% en las deducciones fiscales a las producciones cinematográficas realizas en las Islas.
Espino ya es oficialmente una diputada tránsfuga que habla solo en nombre de sí misma, pero ha decido construir un relato, entre exculpatorio y heroico, para justificar que siga con el acta que obtuvo gracias a los miles de canarios que decidieron apoyar a Cs en las elecciones autonómicas de 2019. Se ha ido, dice, porque su expartido no respetó el REF en las Cortes generales. “No podemos defraudar a los que nos votaron para defender intereses partidarios ajenos a nuestro pueblo”, afirmó. Y ella, que de pequeña, cuando no había agua corriente, se bañaba con una palangana en El Carrizal, Ingenio, sí que sabe la importancia del REF. Para la desalación del agua, para los estudios, la lucha contra la pobreza, para la agricultura… Espino dice que muchos de sus “vecinos” la paran por la calle para que defienda el REF, tema de conversación favorito en los bares, donde los parroquianos se pelean por los periódicos para leer las crónicas sobre el tema. Ya luego, si acaso, hablan de Messi. Y que no la van a “callar”, sostuvo en referencia a una petición que han hecho Nueva Canarias y Sí Podemos Canarias para que la Mesa del Parlamento pregunte al Consejo Consultivo sobre las dudas jurídicas que les suscita la interpretación del reglamento de la Cámara que permite su permanencia en el Grupo Mixto, en lugar de estar entre los no adscritos, con muchos menos recursos y tiempo para intervenir. Incluso habló de querellas por prevaricación si la intentan mover de sitio. Fue un momento casi berlanguiano -ahora que se cumple el centenario del nacimiento del maestro- de un debate serio, con cierto nivel, como si aún perdurara en algunas de sus señorías esa agradable densidad filosófica que da el descanso veraniego, captando los matices, sin las bruscas dicotomías cotidianas.
El Consejo Consultivo se ha pronunciado a favor de la presentación de los recursos de inconstitucionalidad, pues considera que la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aprobada en julio, debería haber paralizado su tramitación en las Cortes Generales tras el informe desfavorable del Parlamento canario del pasado 28 de junio, que se opuso a la modificación que se hacía en esa la ley a las exenciones fiscales al cine realizado en Canarias, un aspecto contemplado en el REF. Según el Estatuto, el informe desfavorable del Parlamento implicaba la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado antes de seguir adelante con el procedimiento legislativo. El Consultivo también considera inconstitucional el Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética -donde se establecía esa misma modificación del REF para el ejercicio fiscal de 2020- por no haberse pedido un informe al Parlamento canario, como establece la Constitución.
Asentadas las bases jurídicas, ya solo quedaban ayer los matices de cada uno. Ricardo Fernández de la Puente, de Cs, defendió el apoyo “rotundo” de su partido al REF, recordando que la singularidad de Canarias está explicitada en su Estatuto, en la Constitución y en la propia legislación de la U.E. Jesús Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, apelaba a dejar a un lado los partidismos en esta lucha. María Australia Navarro, del Partido Popular, aseguraba que es el Parlamento el que tenido que ponerse al frente, pues el presidente, Ángel Víctor Torres, no ha querido “incomodar al señor Sánchez” y se ha escondido “detrás de la Cámara”. También recordó que aún no hay fecha para la reunión de la Comisión bilateral Canarias-Estado.
Fue interesante la intervención del diputado de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, que hizo una lectura crítica y afirmó que el actual Régimen Económico y Fiscal debería extender mejor sus beneficios al conjunto de la población. Marrero rechazó que la Reserva de Inversiones Canarias, un instrumento para las empresas, permita deducciones que luego se utilizan para la compra de deuda pública, en lugar de destinarse exclusivamente a inversiones productivas para generar más empleo.
Fue dura con el Gobierno central la diputada de Nueva Canarias, Esther González, pese a que forma parte de la mayoría de la investidura de Sánchez. González habló de “agresión innecesaria” del Estado, afirmó que “el daño ya está hecho” y aseguró que “a Canarias solo se le respeta cuando es necesaria”. De paso, recordó que NC fue el primer partido en denunciar los cambios legislativos que, en 2020, quebraron el diferancial ‘histórico’ favorable para Canaria en el cine. Al final de su discurso, la diputada respondió a las acusaciones de Vidina Espino, afirmando que no buscan callarla sino aclarar si puede o no seguir en el Grupo Mixto. Y que lo debería hacer, en realidad, es devolver el acta.
Fue un discurso bien hilado el de José Miguel Barragán, de CC, que trazó una diferencia entre el conflicto puntual sobre la cuestión del cine, ya casi solucinada, y la falta de “lealtad institucional” con Canarias que supone una reforma unilateral del REF desde el Estado. Barragán criticó la reunión de Torres y Román Rodríguez con la ministra Montero donde se acordó restablecer el diferencial del 80% por no saber si iban en calidad de líderes de sus partidos o como representantes institucionales; y por dar la sensación de que el REF del cine se trataba como un tema de negociación presupuestaria NC-PSOE y no como una cuestión de “legalidad” que ha sentado un precedente.
Dijo ayer Iñaki Lavandera, sustancioso también, que no recuerda que CC estuviera tan preocupada por esa lealtad institucional cuando, entre 2017 y 2018, una reforma del Impuesto de Sociedades de Mariano Rajoy alteró ese diferencial. Entonces, los nacionalistas necesitaban el apoyo del PP para gobernar en Canarias. Según Lavandera, lo pactado por Torres y Rodríguez con Montero es “una historia de éxito”. Y defendió que el REF es patrimonio de todos los canarios y que estos recursos pueden ser también “una oportunidad” para “reforzar” sus “garantías institucionales”.
En todo caso, día de unidad y buen debate. Lo contrario habría aumentado la amargura que siempre deja el final del verano.
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