El sector del plátano rechaza la Ley de cadena alimentaria

La asamblea general de la Asociación de organizaciones de productores de plátanos de Canarias (Asprocan), que representa a la totalidad de los productores, rechazó ayer unánimemente la Ley de cadena alimentaria que fija un precio mínimo de venta según los costes y que, en opinión del sector platanero canario, supondrá su “práctica desaparición”. Reunidos ayer en Tenerife, han aprobado un manifiesto de rechazo a la aplicación de los preceptos de precio de dicha Ley y han pedido una excepción para el plátano de Canarias.

“Queremos trasladar nuestro rechazo unánime a la aplicación de los preceptos de la Ley de la cadena alimentaria, que ponen en grave peligro la supervivencia del plátano de Canarias. En los próximos días, el Congreso de los diputados reanudará el proceso de tramitación de la modificación de la ley, lo que supone la última oportunidad para encontrar solución a una norma, que incluye artículos para la regulación de un precio mínimo de venta (artículos 9.1c), 9.1j) y 12.ter), cuya aplicación supone la práctica desaparición del sector”, expone el manifiesto.

Así, defienden “una renta digna” y una Ley de cadena que les “proteja de la injusta y desleal competencia que desde hace más de 30 años” consideran sufrir “por parte de la banana de terceros países”. “Sin embargo, esta norma no solo no afronta esta situación, sino que genera el efecto contrario, pues, además, se aplica únicamente a los productores de plátano de Canarias y no a las multinacionales bananeras”, lamentan. Así, recuerdan que han pedido amparo a la Comisión Europea, tienen el respaldo del Parlamento de Canarias (que aprobó instar al Gobierno central a aplicar la excepcionalidad del plátano de Canarias) y denuncian “la irresponsabilidad” del actual Ejecutivo central “de ofrecer a los agricultores un mensaje que promete supuestos ingresos que están fuera de la realidad del mercado libre”. “Sin duda, merecemos y necesitamos esos ingresos, pero están fuera de la realidad del mercado libre en el que competimos y no pueden materializarse en caso de aplicarse la ley, tal y como está ya demostrado”, aseveran en el manifiesto.

Por todo ello, reclaman “soluciones” y son contrarias a una ley que actualmente “no garantiza que el productor pueda cobrar su fruta por encima del coste de producción” y “no impide que los productores de banana continúen aplicando prácticas desleales en contra de los productores de Canarias, sino que, al contrario, las refuerza”.

Por contra, consideran que su aplicación sí logrará que tengan que “destruir inevitablemente desde 100 y hasta 300 millones de kilos de plátanos al año o en su defecto, a afrontar sanciones millonarias por Ley”. “Con esta Ley se favorece a la banana y se da la espalda al plátano de Canarias”, culminan.