La izquierda desoye al Consultivo y aprueba el decreto de la COVID

Los cuatro partidos del Pacto de Progreso imponen su mayoría pese a las críticas de la oposición por una posible vulneración de derechos fundamentales en el texto del Gobierno
El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena/Fran Pallero

El Consejo Consultivo emitió hace días un dictamen sobre el decreto ley del Ejecutivo canario en el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia en las islas. El Consultivo considera que no existe necesidad ni urgencia para ese texto legal, que el Gobierno autónomo está excediéndose en sus competencias y que podría estar “constriñendo” algunos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, a la libre circulación o a la libertad de reunión. Estos dictámenes no son vinculantes, así que los cuatro partidos que forman el Pacto de Progreso siguieron ayer adelante y convalidaron el decreto con la mayoría que tienen en el Parlamento, para gran cabreo de la oposición. Eso sí, se comprometieron a introducir mejoras durante la tramitación del decreto como proyecto de ley.

El Gobierno puso ayer al consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, a defender el decreto. Y Valbuena evitó cualquier tipo de disquisición jurídica y tiró por la vía fácil, la del argumentario político, afirmando que es un decreto para “garantizar la salud ante una pandemia que no ha acabado”, pues solo el 45% de la población mundial se ha vacunado y hay que estar preparado para tomar medidas si es necesario. Así que pidió “altura de miras” a la oposición y evitar actitudes “miopes”, quizá anticipando las críticas que iban a caerle encima. También recordó que otras comunidades, como Galicia, País Vasco o Cataluña, tienen decretos parecidos. Lo que no mencionó es que el Consultivo dice que “el hecho de que otras Comunidades Autónomas hayan aprobado normas similares a la que ahora es objeto de análisis, hayan sido o no objeto de reproche, no supone que lo regulado en ellas se ajuste al parámetro de constitucionalidad”.

Como era previsible, la oposición le cayó encima. Socorro Beato, de CC, habló de un dictamen “durísimo” contra el decreto, y echó en cara al Gobierno que responda a la mano tendida de su grupo durante la pandemia pasando el rodillo y construyendo un artefacto legal solo para “eludir” al TSJC. “No dan una, siguen dando palos de cielo”, apuntó, acusándoles de “fraude de ley” y preguntándose si el ‘cerebro’ del decreto era un jurista o un político; una buena intervención que solo se fastidió cuando a Beato le salió la vena ático-populista y acusó al Gobierno de cargarse “las fiestas populares” con sus restricciones, como si la izquierda no disfrutara de las romerías. Pero cada uno decide las fuentes filosóficas de las que bebe…

Algo parecido le ocurrió a Luz Reverón, del PP. Hizo una intervención solvente, recordándole al Gobierno que el Consultivo había detectados “vicios de inconstitucionalidad” en “18 de los 28 preceptos del decreto” y hablando de “gran chapuza” que solo genera “inseguridad jurídica”. Pero luego, no sé ni cómo, acabó hablando de si el presidente Torres practica la “sumisión” con Sánchez. Quizá fuera para defender la ley de pandemias que propone Pablo Casado como fórmula de cobertura legal contra la covid. Pero está tan choteado lo de la sumisión que uno desconecta…

Quien no suele sucumbir a los eslóganes manidos es Ricardo Fernández de la Puente, portavoz de Cs, que recordó ayer su apoyo a todas las medidas sanitarias durante la pandemia. Pero que este decreto “no tiene un pase”. Tampoco lo considera adecuado la diputada tránsfuga Vidina Espino, que afirmó que “el informe del Consejo Consultivo es demoledor”.

Se habló ayer también mucho de pobreza, como en casi todos los plenos. Hipólito Suárez, del PP, preguntó a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, sobre las medidas que tiene previstas el Gobierno para luchar contra la pobreza, con especial atención a la infancia. Suárez recordó al Gobierno los pésimos datos de pobreza severa, con 373.000 canarios afectados, la peor situación en España. Y la consejera Santana le recordó que nunca Canarias había tenido a tanta gente cubierta por mecanismos de protección social, entre las 8.827 prestaciones canarias de inserción y las 16.000 unidades familiares que reciben el Ingreso Mínimo Vital. O que han doblado los fondos para los planes concertados con los ayuntamientos y que probablemente vuelvan a complementar las pensiones no contributivas. Luego, Cristina Valido, de CC, presentó una PNL sobre el catálogo de prestaciones de Servicios Sociales donde echó en cara al Gobierno las críticas del Colegio de Trabajadores Sociales y otros colectivos al proceso de elaboración de este documento. Los partidos del Gobierno le respondieron que hay 200 técnicos trabajando en ese catálogo, no unos marcianos ajenos a la realidad, y que todavía está abierto a mejoras. Nada nuevo en una discusión infinita, la de los Servicios Sociales en Canarias, que precisa de toneladas de dinero y trabajo para revertir una situación enquistada de años. Con la sensación de que solo tenemos un pequeño botiquín en medio de una masacre. Pero este es el saldo de los recortes y de una economía con grandes desequilibrios: vidas que parecen del subdesarrollo.

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