política

Yo lo llamo enriquecer los informes económicos y tú dices que son encuestas electorales

Presidencia rechaza la acusación de CC de que vaya a hacer sondeos electoral 'por la puerta de atrás' preguntando lo mismo que el Sociobarómetro que depende de Vicepresidencia

El presidente Torres y José Miguel Barragán, portavoz de CC, se saludan después del verano/Rafa Avero (Parlamento)

CC cree que la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno son ahora dos maquinarias de poder haciendo encuestas, cada una por su lado, un poco como si estuviéramos en ‘House of Cards’ y Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez fueran dos rivales encarnizados. Es lo que se desprende de las palabras del portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán, después de difundir en Twitter, este fin de semana, que la Viceconsejería de Presidencia ha sacado a licitación un contrato que incluye cuatro encuestas al año de contenido socieconómico que, según CC, “tienen el mismo objetivo” que el Sociobarómetro que depende de Vicepresidencia. Desde el Gobierno lo niegan y afirman que se trata de sondeos complementarios a informes económicos que se elaboran para Presidencia desde hace años.

Barragán afirma que es “un escándalo” que los dos socios de Gobierno utilicen dinero público para “librar batallas internas que nada tienen que ver con los problemas diarios que afectan a los canarios y canarias”. Y no entiende que el Sociobarómetro, elaborado una vez al año gracias a un convenio de la Vicepresidencia del Gobierno con la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria, por 25.000 euros anuales y con 10.500 encuestas, cueste menos, dice, que las dos mil encuestas anuales que va a hacer Presidencia.

La realidad, según el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, es otra. Los 50.000 euros anuales -como máximo- del contrato, prorrogables por un segundo año, están destinados a informes sobre cuestiones económicas diversas, como siempre han manejado los Gobiernos, y que ahora se le añaden una serie de cuatro sondeos anuales para ver qué impacto tienen en la población. “Nuestro objetivo no es hacer sondeos de tipo político o electoral, sino unas encuestas que complementen a los informes. Ya hicimos una prueba piloto analizando el impacto de la vacunación en la economía. Y preguntamos, por ejemplo, sobre la predisposición que tenían los canarios a vacunarse para hacer una previsión de cómo podían ir las cosas”, afima. “No es lo mismo que el Sociobarómetro, con una serie de preguntas recurrentes sobre sociedad, economía y política”.

El objetivo, explica Olivera, es tener un grupo de 500 encuestados estables a los que ir preguntándoles. Una muestra insuficiente para el sociólogo Josué Gutiérrez, presidente del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Canarias, que considera que el pliego del contrato debería concretar algo mejor el tipo de encuestas que se van a hacer. Olivera considera que sería insuficiente si se tratara de un sondeo electoral, pero no para el tipo de información que quieren recabar para los informes. “Ni la memoria ni el pliego que han publicado explica eso que dice ahora el Gobierno”, afirma Barragán.

El viceconsejero, que reconoce que “a lo mejor” se debería haber explicado de “forma más evidente” en el pliego que la encuesta “se subordinaba al informe”, se muestra molesto con el portavoz de CC, “pues él fue viceconsejero de Presidencia y sabe el tiempo que se llevan haciendo estos informes. Por primera vez, los vamos a sacar a consurso público, pues antes se hacía por negociado sin publicidad. Y con más información por menos dinero, pues en Gobiernos anteriores llegaron a costar 60.000 euros”. Barragán reconoce que ellos también pedían informes económicos, pero era una cosa “puntual”, pues tenían una Oficina Económica gracias a un convenio con el Colegio de Economistas y la información de las Viceconsejerías de Economía y de Hacienda. “Si quieren encuestas, que se amplíe el Sociobarómetro o que hablen con el ISTAC”, dice.

Para Josué Gutiérrez, la mejor vía para sacar esta cuestión de la batalla política “es que se publiquen los datos, pues se van a hacer con dinero público, y la ciencia debe ser abierta”. “Estos informes van a estar a disposición que quien los solicite. Pero tampoco descarto que se publiquen”, afirma Olivera.