Candelaria

Bajo la Cuesta: tras cinco años de desalojo, la amenaza de derribo

Costas ya comenzó a enviar las notificaciones a los vecinos, solo a los realojados, para recuperar el dominio público marítimo terrestre

El 27 de octubre de 2016 los vecinos tuvieron que dejar sus casas / FRAN PALLERO

El próximo día 27 se cumplirán cinco años, nada menos que cinco años, del que teóricamente era un desalojo provisional de un centenar de vecinos para asegurar el talud de Bajo la Cuesta, núcleo situado al lado de la central térmica de Las Caletillas, en Candelaria. Ese 27 de octubre de 2016 los vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas por un decreto municipal iniciado en 2015, ante lo que se calificó en su momento como una situación de alto riesgo de desprendimientos. Ahora, sobre las 20 familias que pudieron regresar a sus casas el 28 de mayo de 2018, tras asegurarse el talud de la empresa Endesa, vuelve a pender la espada de Damocles, al recibir el pasado 16 de septiembre la notificación de Costas de un expediente de recuperación posesoria del dominio público marítimo terrestre.


Costas, en ese expediente -el mismo que ha abierto en otros núcleos, como Las Bajas, en Güímar- dio un plazo de ocho días para que los afectados presentaran alegaciones, lo que han hecho algunos, pero no todos, comenta José Luis Langa, abogado y presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, que se ha prestado a llevar el asunto de unos vecinos ahora no tan unidos como antes del proceso de desalojo, reconoce la presidenta vecinal María Candelaria Quijada Trujillo, una de las que lleva cinco años sin poder entrar a su casa.


Cuatro familias de las desalojadas siguen viviendo hoy de alquiler, que sufraga el Ayuntamiento de Candelaria, hasta ahora incapaz de hacer frente a la obra de seguridad en el talud que pertenece a la empresa Dani Ran y a Costas, con un coste que supera el millón de euros, más que por el propio coste económico, por los problemas competenciales de la actuación, algo que por ejemplo no sucedió en Santa Lucía, en Güímar, donde el Cabildo aportó 400.000 euros de los más de 600.000 en que inicialmente se presupuestó la obra ya terminada.


José Luis Langa se reunirá de nuevo con los vecinos para tratar de ser él quien les lleve la defensa ante este nuevo expediente de “derribo”, que sustituye al ya caducado hace una década, justo cuando se derribó Chovito, también en Candelaria, porque aquel expediente expiró y los vecinos pudieron seguir en sus casas hasta que en 2016 fueron desalojados, pero de manera provisional y por un “riesgo de desprendimientos”, algo que, por cierto, desde entonces no ha ocurrido, ni siquiera con las obras realizadas por el Cabildo para reforzar el talud donde se asienta la TF-1 en esa zona.


Langa afirma que “aunque algunos vecinos no hayan presentado alegaciones, no resulta grave, porque lo normal es que estas alegaciones sean desestimadas. Se trata de un expediente administrativo. Lo importante es cuando se desarrolle la instrucción y lo normal es que se resuelva en el Juzgado de lo Contencioso”, declaró el abogado, quien detalla que “lo que resulta inaudito es que un desalojo provisional lleve cinco años, no entiendo cómo un juez permite esto, con el daño económico y moral que esto significa para los vecinos”. Según la carta que llegó a los vecinos, Costas se ampara para el desalojo en la ley 22/1988, de 28 de julio, que establece que “las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de Costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público”.


Langa, como en su día el abogado valenciano José Ortega, defiende, que este es un territorio consolidado y que queda mucho por investigar en este caso. “Lo mismo vamos a hacer con las 57 casas que quieren derruir en Fuencaliente”, recordó.

En mayo de 2018, algunos vecinos regresaron a sus casas; tres años y medio después, Costas les amenaza con el derribo / S.MÉNDEZ

Cronología


Julio de 2006. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprueba definitivamente el PGO de Candelaria con algunos reparos a subsanar, figurando entre ellos que “en los poblados de Chovito y Bajo la Cuesta el PGO se atendrá a las determinaciones de Costas con respecto a las edificaciones existentes, por lo que no establecerá medidas que permitieran el mantenimiento de estas.
Abril de 2007. Resolución por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 10 de noviembre de 2006, relativo al Plan General de Ordenación de Candelaria (Tenerife). En dicho acuerdo se precisa que “se han subsanado las deficiencias observadas en los poblados de Chovito y Bajo La Cuesta, de conformidad con el informe de la Dirección General de Costas”, lo que impide la protección de dichos núcleos candelarieros.


Junio de 2008. El pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprueba una propuesta presentada por el grupo de apoyo a los vecinos de Bajo la Cuesta para el mantenimiento de sus viviendas. En ella exigen el replanteo del deslinde, ya que, según ellos, aparecen errores en la delimitación de 2006 con respecto a la de 1966.
Octubre de 2008. El grupo de vecinos logra que el tribunal dicte la paralización cautelar del inminente derribo de sus viviendas.


Septiembre de 2009. Costas rechaza los recursos de alzada a las órdenes de derribo y anuncia que “se resuelve recuperar de oficio la posesión del dominio público marítimo terrestre.


Los recursos se desestiman porque no se han aportado pruebas que permitan tener en cuenta que “la ejecución del acto impugnado pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, sino que, por el contrario, la eventual suspensión de la recuperación posesoria, causaría perjuicio al interés público”.

Langa: “Quieren derribar todo antes de la transferencia”

José Luis Langa afirma que “71 de los 88 municipios canarios tienen núcleos poblacionales con litigios con Costas”, y entiende que esta nueva “plaga” de expedientes posesorios anunciados por Costas se enmarca “en el deseo de derribar todo lo que puedan antes de que llegue la anunciada transferencia de Costas al Gobierno de Canarias”, en la que él está inmerso en la comisión mixta creada al efecto, al igual que ayuntamientos y cabildos. Recalca que “siempre están atacando a los débiles, a los más pobres”.