No fue ayer un buen día para el ‘poderío’ de la Agrupación Socialista Gomera. Mientras medio Twitter se llenaba de memes con las ocurrencias explosivas del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, para encauzar la lava del volcán de Cumbre Vieja, el Parlamento canario votaba a favor de una proposición no de ley de Sí Podemos Canarias para instar al Gobierno autónomo a descartar definitivamente el proyecto del Puerto de Fonsalía, en Guía de Isora; una megainfraestructura de 200 millones que Curbelo siempre ha defendido como forma de mejorar la conectividad de La Gomera, La Palma y El Hierro con Tenerife, ante la saturación del Puerto de Los Cristianos. Junto a Sí Podemos Canarias votaron también Nueva Canarias y Coalición Canaria, consagrando un giro respecto a la postura favorable al puerto que ambas defendieron en un pleno del pasado junio ante una PNL del PP. El PSOE, que entonces lo apoyó, se abstuvo ayer. Y PP, ASG y Ciudadanos mantuvieron su defensa de Fonsalía.
El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, afirmaba ayer que estamos ante “los últimos estertores” del proyecto, criticando a quienes están “aferrados al inmovilismo desarrollista” frente a las 417.000 firmas en contra del puerto recogidas en una campaña en la web lanzada por Ben Magec. Por eso, Marrero celebró “los cambios” de NC y CC y el “esfuerzo” de los socialistas para “darse un tiempo”. Incluso lanzó un guiño a algunas “ambigüedades” de ASG en estos meses. En definitiva, celebró su éxito sin jactarse demasiado de la clara victoria política para una formación que, a menudo, es ninguneada por ciertos sectores mediáticos, como si fuera una exótica ocurrencia de cuatro flipados.
Marrero defendió que la mejor alternativa a Fonsalía es la adecuación del Muelle de Los Cristianos y su entorno viario, aunque se abrió al “uso complementario” del Puerto de Granadilla. También cree que una mejor organización de los horarios de las navieras podría ayudar a descongestionar la situación actual.
Desde CC, la diputada Socorro Beato defendió el cambio de postura de su partido por las consecuencias que pueda tener el puerto en los “cetáceos” de la zona, una de las reservas más importantes del mundo. Y como fruto de la “adaptación de decisiones a un nuevo tiempo” de CC, que tuvo semanas de debate interno. Eso sí, después de que se conociera públicamente la caducidad de la declaración de impacto ambiental de 2014, lo cual dificulta la realización del proyecto. Beato sacó pecho de la legislación de protección medioambiental de los gobiernos de CC, afirmando que la Zona Especial de Conservación que va desde Rasca hasta Teno, donde se ubica el proyecto, se debe a la gestión nacionalista. Se olvidó, no obstante, de mencionar el Puerto de Granadilla, que también apoyaron algunos alcaldes sureños del PSOE. Según Beato, la posición de CC contra Fonsalía es firme, ya está tomada, sin considerar siquiera los informes que ha encargado el Gobierno canario para anallizar la viabilidad del proyecto y sus posibles alternativas.
“Nos van a pasar ustedes por la izquierda”, decía con ironía la socialista Nira Fierro. La caducidad de la declaración de impacto también le hace un favor al PSOE, tensionado por la defensa del proyecto que siempre ha hecho Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, y el rechazo del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena. Los informes, recordaba Fierro, los van a hacer organismos prestigiosos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o las universidades canarias. El objetivo, sostuvo, es asegurar la conectividad de la Islas Verdes y preservar el medio ambiente.
También ha descartado definitivamente el proyecto Nueva Canarias. Carmen Hernández defendió la virtud que hay en cambiar de opinión en función del espíritu de los tiempos. Y más cuando tanta gente se ha posicionado en contra. Lo contrario, decía, sería gobernar de espaldas a la ciudadanía.
En el frente a favor de Fonsalía, Jesús Ramos Chinea recordó que la zona de Los Cristianos también está en la ZEC Rasca-Punta de Teno. Y defendió que no es tan fácil reorganizar los horarios de las navieras, pues responden la criterios “sociales”, como es el hecho de que mucha gente se coja el primer barco de la mañana para ir al médico en Tenerife y luego volver por la tarde. Ramos pidió esperar a los informes. Una postura que también defendió el diputado del PP Manuel Domínguez, que se mofó de la postura ambientalista de CC, recordando que había impulsado las estupendas carreteras que fueron construidas pensando en llegar al Puerto de Fonsalía. Domínguez pidió prudencia, no sea que los partidos tengan que desdecirse por alguna de las cosas que digan los informes. El diputado de Cs, Ricardo Fernández de la Puente, criticó la “pasividad” con la que se ha abordado el proyecto a pesar de su carácter “estratégico”.
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Fonsalía fue, sin duda, el debate del día. Pero también hubo otras cosas. Por ejemplo, que el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, consideró muy probable que antes de fin de año se firme la adenda de 407 millones al convenio de carreteras, un dinero que debería llegar en 2026 y 2027. Es una parte de lo que el Estado tiene pendiente con Canarias por el incumplimiento que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo del convenio de carreteras de 2012-2016. Los otros 500 que están pendientes no se dedicarán a carreteras sino a inversiones de libre disposición. En 2021 tienen que llegar 100, según está incluido en los presupuestos de este año. En los de 2022 ya se han incluido otros 200. Y el Gobierno autónomo espera espera que otros 200 se incluyan en los de 2023. La diputada nacionalista Rosa Dávila, sin embargo, le recordó a Franquis que aún no han llegado “ni un euro”, pues no se ha transferido la cantidad correspondiente a este año.
También se discutió sobre fondos de formación. La diputada de CC, Cristina Valido, afirmó que se han recortado 54,5 millones en 2019 a 36,6 en 2021. La consejera de Economía, Elena Máñez, cree que esa es una visión parcial, y defiende que se están impulsando otras líneas, como la formación profesional dual, porque tienen más recorrido. Según Máñez, en total se dedican 115,5 millones de euros para atender a la formación de 59.313 desempleados.
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