La erupción del volcán de La Palma tiene monopolizada -lógicamente- la agenda política. Pero mientras la tierra continúa escupiendo lava a borbotones y arrasando casas, fincas e infraestructuras, cientos de personas siguen metiéndose en un cayuco en la costa africana para intentar llegar a las Islas. Y muchos mueren: 785 hasta septiembre, según la Organización Internacional de Migraciones. Más de 2.000, según la ONG Caminando Fronteras. Así que era normal que la cuestión migratoria se colara de nuevo ayer en las preguntas al Gobierno.
“¿Considera usted que ha estado a la altura de la crisis y del drama migratorio que ha padecido Canarias en los últimos años?”, disparó Pablo Rodríguez, diputado de CC, dirigiéndose a Torres. Rodríguez afirmó que, más allá de las competencias, el presidente canario “es responsable de lo que pasa en esta tierra”, y aseguró que falta vigilancia en las costas, fallan los recursos de alojamiento y hay migrantes durmiendo en las calles. Le puso como ejemplo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que se “plantó” en Moncloa hasta que le dieron una solución durante la crisis migratoria de Ceuta. Torres le respondió que Gobierno canario ha sido contundente con el Ejecutivo central, pero que las cosas van mejor, se producen derivaciones y solo quedan 7.000 de los 37.000 migrantes que han llegado desde 2020 a las Islas. Recordó que este Gobierno ha abierto 43 recursos para menores migrantes, mientras que el Gobierno de CC no tenía ni uno. Y mencionó los 50 millones que el Ejecutivo central destinará a Canarias para atender la llegada de migrantes en los presupuestos de 2022, una respuesta a los recursos que consume la atención a los menores -actualmente 2.513-, pero también un indicador de que la distribución de los jóvenes migrantes entre comunidades autónomas está en el limbo, pues muchas se oponen.
Aun así, el diputado de Nueva Canarias, Luis Campos, anunció que su partido presentará en el Congreso una iniciativa legislativa para que se establezca un mecanismo de “solidaridad obligada” para repartir a los menores migrantes. Campos reconoció que las cosas han mejorado, aunque falta “transparencia” en las derivaciones y considera que, a estas alturas, no puede haber migrantes durmiendo en “colchones”, como ocurrió recientemente en Lanzarote tras la llegada de 600 personas en 48 horas.
También disertó sobre el tema el presidente del PNC, Juan Manuel García Ramos, que advirtió al consejero de Administraciones Públicas Julio Pérez de que “hace falta más firmeza ante Marruecos que, ante sus intenciones políticas y territoriales, juega con la moneda de cambio de la inmigración si no se cede a sus intereses”. Según el diputado, si la diplomacia española no hace un esfuerzo por resolver el tema del Sáhara y la delimitación de las aguas territoriales canarias, Marruecos igual y las Islas se convertirán en el “gueto de la inmigración africana”. Pérez le respondió que no solo de Marruecos vive la migración, sino del conjunto de infortunios que padece el continente africano. “En los ocho primeros meses de 2021, 3.000 ciudadanos de Malí han sido secuestrados por grupos terroristas para obtener rescate. Lo que ocurre es que la gente huye de Malí, como huye de Burkina Faso o de Guinea”.
En clave socioeconómica, Australia Navarro del PP, recordó ayer que hay 373.000 personas en pobreza severa en Canarias. Pero que a 8 de cada diez solicitantes del Ingreso Mínimo Vital se lo niegan. Según Torres, este mecanismo protege ya a 17.700 familias canarias, 37.000 personas, un instrumento creado por la izquierda frente a los “recortes”, “la reforma laboral” y “las subidas de impuestos” del PP.
Pero hubo más. Como la PNL presentada por la diputada Jana González, de CC, para instar al Gobierno canario a impulsar un plan de acción contra la mutilación genital femenina, apoyado de forma unánime. Desde el palco del Parlamento la escuchaban Hawa Touré y Kady Danso, de la Asociación Intercultural de Mujeres Mauritanas Dimbe. Ambas fueron víctimas de la mutilación genital, práctica que González definió como “violencia de género y abuso infantil”. Hay 500 niñas en riesgo en Canarias; 147, de forma inminente. González pidió al Gobierno que establezca protocolos de prevención, también desde el ámbito pediátrico. Y que se aborden las consecuencias psicológicas y físicas para quienes ya han sido víctimas de esta aberración, incluyendo la reconstrucción genital.
También se apoyó crear una red de coros escolares de Canarias y reforzar los contenidos sobre el REF y del Estatuto de Autonomía en el currículum académico de primaria y secundaria. Y una reforma del sistema eléctrico orientada a la descarbonización y los precios asequibles, como propuso Sí Podemos Canarias. La propuesta incluye la creación de una Agencia Canaria de Energía, una iniciativa en la que lleva peleando tiempo el diputado David De la Hoz, de CC, para democratizar y dar una cierta homogeneidad al proceso de implantación de las energías renovables en Canarias. Es lo que tiene perseverar.
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