política

El Gobierno asegura que habrá comisión bilateral con el Estado

El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, cree que es la forma de "culminar" el acuerdo sobre el REF del cine y de evitar que se produzcan conflictos similares en el futuro
El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, durante la rueda de prensa de ayer.

El Gobierno canario asegura que se convocará la Comisión Bilateral con el Estado que solicitó en plena crisis por el ‘REF del cine’, a pesar de que ya se haya devuelto a Canarias el diferencial ‘histórico’ favorable del 80% en las deducciones a las producciones cinematográficas que se realizan en las Islas. Así lo aseguró ayer el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ataviado con una chaqueta de aspecto guerrillero que le daba un aire a intelectual metido a combatiente de un ejército de liberación nacional.

“El problema de fondo está resuelto, pero debe culminarse con la celebración de la comisión bilateral”, aseguró Olivera. Ha habido varias “reuniones de trabajo” para prepararla, pero los “acontecimientos” de La Palma han “alterado” la agenda, aunque señaló que “se abordará en las próximas semanas”. Para el viceconsejero, es importante que, en esa reunión, “quede clara la voluntad” de evitar situaciones de este tipo. No conviene olvidar que la modificación unilateral que la Cortes y el Gobierno central hicieron del REF provocó el rechazo unánime del Parlamento canario.

Durante la rueda de prensa, Olivera anunció que el Gobierno acordó ayer remitir al Consejo Consultivo de Canarias el decreto con el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los Servicios Sociales de Canarias, paso necesario para que se apruebe luego en el Parlamento. Se trata del instrumento para que la Administración concierte con distintas entidades sociales la prestación de servicios, siempre que no tenga medios para hacerlo con los recursos propios. Olivera afirmó que supondrá un “impulso” a la gestión de los Servicios Sociales y que Canarias cuenta con entidades del tercer sector “con mucha experiencia”. A través de este decreto se definen, entre otros elementos, los distintos servicios, las prestaciones que contempla cada uno, los equipos profesionales, las horas de dedicación por prestación y la ficha económica.

Ayer, el Gobierno también autorizó el gasto de 3,8 millones de euros para material sanitario y farmacológico relacionado con la COVID-19. Sin embargo, según se señala en la nota de prensa, 2.760.000 euros corresponden a tres suministros de guantes de nitrilo adquiridos ya en noviembre de 2020 a través de la dirección del Servicio Canario de Salud para abastecer las necesidades de los centros asistenciales. En aquella época, explican, se produjo una escasez de material sanitario de protección individual debido al desabastecimiento de los mercados internacionales por el aumento de la demanda, lo que impidió que los hospitales del SCS pudieran contratar suministros en pequeñas cantidades. Así que hubo que comprar como si no hubiera un mañana.

Otra decisión tomada ayer fue asumir competencias de los ayuntamientos de San Miguel de Abona, en Tenerife, y de Alajeró, en La Gomera, para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales. Esto se ha convertido en un clásico: la Ley del Suelo del último Gobierno de CC pretendió descentralizar la evaluación ambiental, concentrándola en el ámbito municipal, pero los ayuntamientos, que muchas veces no tienen recursos, le devuelven la pelota al Gobierno autónomo, que periódicamente recibe peticiones similares.

El Gobierno también aprobó la supresión de dos másteres de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El máster de Banca y Finanzas desaparecerá porque las solicitudes están por debajo de 15, la cifra mínima exigida por ley. El de Oceanografía desparecerá por la creación de uno muy similar que la ULPGC ha puesto en marcha con la Universidad de Cádiz y la de Vigo. El Ejecutivo también decidió una subvención directa al sindicato Comisiones Obreras en Canarias para financiar el proyecto de un gabinete de igualdad de trato y de oportunidades, por importe de 200.000 euros.

Olivera también afirmó ayer que la labor desarrollada por el Gobierno en la negociación entre la empresa JSP, que está en concurso de acreedores, y los trabajadores se limita a una función de “arbitraje”. Y que es fruto del acuerdo firmado el pasado julio entre la propiedad y los sindicatos, publicado posteriormente en el Boletín Oficial de Canarias. En aquel pacto también se establecía el objetivo de mantener la unidad de la empresa y el máximo número posible de trabajadores, con una “salida digna”, según el acuerdo, para quienes finalmente tuvieran que ser despedidos. Al Ejecutivo no le ha llegado oficialmente la decisión de la empresa de hacer un Expediente de Regulación de Empleo del 70% de la plantilla. Así que el viceconsejero exhortó a las partes a que continúen el proceso de negociación para evitar que el conflicto acabe en los tribunales, ofreciendo la disposición del Ejecutivo a realizar labores de “mediación”. Olivera reconoció el lugar que ocupa la empresa en el “imaginario” colectivo. Y destacó el peso industrial que ha tenido en una comunidad donde este sector económico, entendido en un sentido clásico, va camino de convertirse en un exotismo. Aunque esto último no lo dijo él.

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