Segundo día de pleno, plagado de preguntas, comparecencias y proposiciones no de ley. Se habla de tantos temas, que uno no puede evitar dispersarse. Tampoco los diputados, que salen al patio a coger resuello mientras charlan animadamente. Entre tanto, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, anuncia que el Gobierno dedicará 52,8 millones para la rehabilitación de 6.000 viviendas, la mayoría del parque público de alquiler.
Los fondos, explicó Franquis, vienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo. Se hará de la mano de los ayuntamientos, mejorando la eficiencia energética y poniendo el foco en las grandes ciudades, donde se concentran los mayores ratios de población. “El impulso y la puesta en marcha de la renta ciudadana, junto con un nuevo parque de viviendas públicas son, sin duda, las dos políticas sociales más transformadoras, más relevantes en la historia reciente de Canarias”, afirmaba la diputada de Nueva Canarias. Pero hay que palpar los resultados para evidenciar que la voluntad de cambio del Pacto de Progreso, que lleva más de dos años en el poder, no es un suflé discursivo ni una mera gestión de las catástrofes.
Estaba también en el pleno el presidente Ángel Víctor Torres, que el día anterior estuvo en La Palma y ayer tenía un aspecto cansado. La erupción comienza a producir algunas grietas políticas, con la oposición asegurando que se tarda mucho en dar las ayudas, como ayer le dijo a Torres el diputado de CC, Pablo Rodríguez. El presidente le recordó que los ERTE, las desaladoras, las viviendas prefabricadas adquiridas, los 320.000 euros transferidos para situaciones de emergencias también son ayudas. Pero en esto, el Gobierno juega con desventaja. Siempre va a parecer poco.
Tuvo ayer Torres un pequeño cruce con la diputada trásfuga, Vidina Espino, que afirmó que en el presupuesto de 2022 no estaba consignada la partida para empezar a construir la torre del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas, sino solo 300.000 euros, que no dan ni pa’ pipas. El presidente le contestó que la obra se licitará a final de año, por valor de 43 millones y con cargo a los fondos europeos. Luego hubo una intervención de la presidenta del PP, Australia Navarro, poniendo en duda que los 50 millones que el Estado se ha comprometido a trasferir a Canarias para atención a migrantes, esencialmente menores, existan de verdad. Torres le enseñó el papel de los presupuestos del Estado donde aparecen, pero ella lo puso en duda porque dice que no están consignados en los presupuestos autonómicos.
Se habló ayer bastante de migración, y Torres le recordó a Navarro que las comunidades del PP son especialmente cicateras a la hora de ayudar con los menores, aunque las socialistas tampoco están para tirar voladores. Más tarde habló el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, que tuvo un intercambio duro con Astrid Pérez, del PP, que se quejaba de que hubieran puesto una zona de atención a migrantes cerca del centro de Arrecife, en instalaciones de la autoridad portuaria. Y aseguró que eso no se hace en Santa Cruz o en Las Palmas. “Usted no quiere ver a los inmigrantes, quiere que los pongamos con el cubo de la basura”, le respondió el consejero, que no desaprovechó la oportunidad ante la deriva ‘voxiana’ de la diputada y alcaldesa de Arrecife. “Antes estaban hacinados en el muelle. Además, en esa instalación están solo unas pocas horas, para practicar su identificación”. Más tarde, durante una comparecencia solicitada por Oswaldo Betancort, de CC, Pérez le recordó a la alcaldesa de Arrecife que en Santa Cruz hay un recurso alojativo para migrantes junto al Parque de La Granja. Betancort, que el año pasado tuvo algún encontronazo agrio con el consejero Pérez en materia migratoria, hiló un discurso sólido y mesurado. Pidió una patrullera en la zona norte de Lanzarote para evitar más tragedias, mayor “dignidad” en la atención a los migrantes o celeridad en las pruebas óseas para determinar la edad de quienes llegan por mar. Pérez le agradeció el tono e hizo luego una reflexión sobre la necesidad de que la UE asuma que Canarias es su frontera y ayude mucho más, también en la acogida a los menores.
Mezclado siempre con los temas migratorios aparece Marruecos, pero el país vecino preocupa ahora porque quiere hacer prospecciones en la zona del Sáhara, muy cerca de aguas canarias. Repitió ayer Torres que el Ministerio de Exteriores le ha asegurado que las prospecciones no colisionan con las aguas del archipiélago. Aunque Luis Campos, de NC, recordó que las consecuencias “medioambientales” no entienden de fronteras. Para Juan Manuel García Ramos, presidente del PNC, el Gobierno canario y el Estado tienen una actitud pasiva ante los afanes expansionistas de Marruecos. Y criticó que se asuma, sin más, que Marruecos pueda explotar aguas saharauis a las que, según la ONU y las sentencias de los tribunales europeos, no tiene derecho. El consejero Pérez le pidió que no mezclara asuntos. Por un lado, está evitar cualquier afección a aguas canarias con una postura vigilante. Y, por otro, el respeto a la “legalidad internacional”, que también reivindicó.
