La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha decretado el archivo de una querella presentada contra policías nacionales destinados en el Sur de Tenerife, a quienes acusaba de haber practicado registros en tres de sus negocios abiertos en dicha zona sin que contaran para ello con la pertinente autorización judicial, además de sostener que, cuando recuperó sus efectos intervenidos, no estaban todos.
Posteriormente, la querella se amplió contra el juez de turno en Arona que se encargó de dicha actuación. En ambas circunstancias, el Alto Tribunal provincial exonera de toda responsabilidad a los funcionarios, adscritos al Grupo Operativo de Seguridad de la Comisaría de la Policía Nacional del sur de Tenerife, y que han sido respaldados en todo momento por el equipo legal de la Confederación Española de Policía (CEP), en hechos que se remontan a 2011, si bien la querella fue presentada un año después.
Es más, la Audiencia Provincial viene a dar la razón al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, que ya había ordenado el sobreseimiento provincial de la causa.
“En cuanto a la apropiación de efectos y de documentación -se detalla en la sentencia- debemos indicar que todo el proceso de incautación se realizó bajo la supervisión de los empleados” de dichos negocios, mientras que sobre a lo que “no se le devolvió todo lo que tenía (sin precisar exactamente qué le falta ni justificar su preexistencia) y lo entregado no estuviera en buen estado, no hay dato alguno para imputar a los agentes actuantes de ilícito alguno, puesto que ni figuran elementos para inferir que cogieran más efectos de los registrados, ni que ellos han tenido control sobre los mismos ya entregados en Comisaría”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas