El actual modelo de justicia es “decimonónico” y está “agotado” porque no es capaz de asumir tanta “litigiosidad”. Por esa razón, el Gobierno central está impulsando el ‘Plan Justicia 2030’, con el que pretende reformar el sistema y construir un modelo más cercano, adaptado a los procesos de digitalización y a un desarrollo sostenible. Para explicar este plan estuvo ayer en Tenerife la ministra de Justicia, Pilar Llop, que afirmó que el proyecto de adapta a la “singularidad territorial” de las Islas.
Llop se acercó primero al Parlamento para saludar a su presidente, Gustavo Matos, y luego presentó el plan en el edificio de Presidencia, acompañada por la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo. El consejero, Julio Pérez, se encontraba en La Palma con el presidente Pedro Sánchez.
En declaraciones a los medios, la ministra afirmó que el ‘Plan Justicia 2030’ es “un proyecto de país” que se está construyendo gracias a “la cooperación” y el “diálogo horizontal del Ministerio con las consejerías de las doce comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia, además de la participación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y profesionales del ámbito judicial. Según Llop, el plan se enmarca dentro del proyecto de transformación económica que el Gobierno está desarrollando con los fondos de reconstrucción europeos, que están orientados hacia la sostenibilidad, la “transformación digital” y la “cohesión social y territorial”. Uno de los objetivos, aseguró, es fomentar “la igualdad” y garantizar el “derecho de acceso a la Justicia”. Hay 410 millones para digitalización en el ámbito judicial y 60 millones para desarrollo sostenible.
El plan se sustenta en tres leyes, la de eficiencia digital, la de eficiencia procesal y la de eficiencia organizativa. Y uno de sus pilares es la “interoperatibilidad” entre los distintos sistemas tecnológicos que funcionan en las consejerías de las diferentes comunidades y en el Ministerio, con lo que los expedientes ya no tendrán que viajar en papel de un lugar a otro sino podrán compartirse electrónicamente, eliminándose el impacto medioambiental de estos traslados.
Entre las novedades más destacadas está la transformación de los viejos juzgados de paz, más de 7.000 en todo el Estado, en oficinas judiciales de carácter municipal que estarán “dotadas con personal profesional” y donde se podrán realizar numerosos trámites, como comparecencias en vistas judiciales. El objetivo, aseguró la ministra, es favorecer la “cercanía” y atender a las distintas razones que dificultan los desplazamientos, como motivos de salud, con la idea de proteger a personas en situaciones vulnerables, como mujeres con embarazos de riesgo o víctimas de violencia de género. Entre los beneficiarios están también los profesionales de la Administración de Justicia.
Llop, que durante la presentación del proyecto aseguró sobre Canarias que “la ultraperificidad es la ultraeficacia”, en un guiño hacia la gestión en el archipiélago, destacó el diálogo constante y las sinergias que tiene el plan con la estrategia de transformación digital impulsada desde la Consejería de Justicia canaria.
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