Aunque tristemente es algo habitual al tratarse de una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de la pobreza y el paro en toda España, no deja de resultar una pésima noticia que Canarias vuelva a estar, por sus deméritos, a la cabeza de una clasificación a nivel estatal. En el caso que nos ocupa incluso son dos, por cuanto el Archipiélago no solo fue la región con mayor tasa de demandas por despido durante los tres meses de verano del año en curso, sino que además también lideró la de mayor número de reclamaciones judiciales de deudas durante el mismo periodo de tiempo.
Así lo desvela la nueva entrega de las estadísticas que, periódicamente, recopila el Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis económica en la actividad de los órganos judiciales, y que ayer se hizo pública respecto a los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.
En cuanto a las demandas por despido, Canarias repite el liderazgo que ya obtuvo en el segundo trimestre, dado que presenta una tasa de 82,9 por cada 100.000 habitantes, superando así a la Comunidad de Madrid (79,3) y a la de Cataluña (67,5). En cifras absolutas, el número de demandas de despido registradas en los órganos judiciales de las Islas en el tercer trimestre de este año fue de 1801, un 19,7% menos que en el mismo periodo de 2020 (entonces se computaron 2.244).
Por el contrario, que el Archipiélago se situara durante el verano al frente en las celebraciones de juicios monitorios, que son los procesos iniciados para reclamar deudas de toda clase entre particulares. Así, en Canarias se incoaron durante el tercer trimestre de este año 12.451 casos, un 22,7% más que en el mismo periodo de 2020, pasando a ser el territorio con mayor tasa de monitorios de España, 573,4 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la segunda comunidad, Madrid (407).
Respecto a los lanzamientos, Canarias fue la segunda comunidad con mayor tasa del país (28,7 por cada 100.000 habitantes, sólo superada por Murcia), si bien desciende al séptimo puesto en el apartado de los que derivan de ejecuciones hipotecarias, y en el que se incluyen los llamados desahucios.
Por último, pero no por ello menos importante, resta informar que entre julio y septiembre del año en curso se presentaron en Canarias 47 concursos de acreedores, de los que 22 obedecieron a personas físicas y/o empresarios y los 25 restantes a personas jurídicas, un 4,4% más que en el mismo periodo de 2020. A nivel estatal, los concursos presentados durante esos meses fueron un total de 4.101, lo que supone un 12,4% respecto al año pasado y un 50,8% más si se compara con 2019.