El Gobierno dice que su posición en defensa del REF es “inamovible”

Ataviado ayer de nuevo con su chaqueta de aires guerrilleros, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, fue especialmente contundente cuando se le preguntó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre una posible afección negativa al REF del nuevo modelo de financiación autonómica que se está empezando a negociar a nivel estatal. “El sistema de financiación no tiene nada que ver con el REF, que debe quedar fuera del mismo. Esta es la posición de Canarias. Y es inamovible, inamovible”, aseguró Olivera repitiendo dos veces el adjetivo. “Está establecido así en el Estatuto, en el Régimen Económico y Fiscal y en la conciencia colectiva de todos los canarios y las canarias”.

Antes de que alguien se ponga a utilizar el nombre de las Islas en vano, el consejero quiso dejar claro que el Gobierno no va a ceder un ápice, pues le amparan elementos esenciales del autogobierno canario. Luego explicó que el sistema de financiación autonómica va dirigido a permitir que cualquier español, “viva donde viva” pueda tener acceso a los servicios públicos fundamentales “en igualdad de condiciones”, mientras que el REF sirve para atender las “peculiaridades” de Canarias que son derivadas de sus condiciones de lejanía e insularidad, y que afectan a “nuestro sistema productivo y a nuestra economía”. Para Olivera, lo que ha enviado recientemente el Ministerio de Hacienda a las comunidades es un “documento técnico” sobre “la población ajustada”, una de las variables utilizadas para distribuir los fondos de la financiación autonómica. En la propuesta del Ministerio, el factor de la despoblación gana peso, pero Canarias defenderá que la insularidad no lo pierda. Por ahora, según el viceconsejero, la negociación está en una fase “inicial”.

Acuerdos

Por otro lado, El Consejo de Gobierno decidió ayer remitir al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, para que este órgano emita el informe preceptivo para seguir su proceso de tramitación. Olivera destacó que este anteproyecto de ley, que consta de sesenta artículos, materializa un compromiso de legislatura del Pacto de Progreso. Su planteamiento incial, sin embargo, se ha modificado tras la aparición del Ingreso Mínimo Vital, y servirá para dar cobertura en casos donde no llegue esa prestación estatal.

En el capítulo de gasto, el Ejecutivo decidió incrementar en 15,7 millones de euros la partida destinada al mantenimiento de los dispositivos para la atención de menores migrantes que se encuentran bajo tutela legal de la comunidad autónoma. El Gobierno también decidió una ampliación de crédito de 1,5 millones para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita; y de 2,5 millones para Televisión Pública de Canarias con el objetivo de sufragar el incremento de gasto ocasionado por la cobertura informativa del volcán de La Palma.

También se autorizó la inversión de 100.000 euros en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, así como 6.000 euros para becas de un máster en energías renovables de las universidades de La Laguna y Cabo Verde, primer estudio de postgrado entre instituciones públicas de enseñanza superior de Canarias y África. Por último, el Gobierno acordó la contratación del personal laboral temporal necesario para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.