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La huelga de los empleados públicos temporales se alarga

Los afectados mantendrán su protesta en 2022 con nuevas acciones para reclamar el cumplimiento del acuerdo; Canarias recibirá 2,7 millones para la formación del personal
Unos 4.000 empleados públicos de Canarias pararán un día al mes de enero a junio de 2022.

Diario de Avisos / EFE

Los empleados del Gobierno de Canarias catalogados como temporales, pese a llevar décadas en sus puestos de trabajo, mantendrán su huelga intermitente del último año en 2022 para reclamar al Ejecutivo regional cumplir el acuerdo firmado por el que se comprometía a garantizar su permanencia. En su demanda de que se haga efectivo el pacto, que el Gobierno rubricó en abril, pero luego dejó sin desarrollar pese a anunciar que lo haría antes del verano, dichos trabajadores tratarán de contar con el amparo de la Comisión Europea, que ha iniciado una investigación al respecto a petición de los afectados.

El comité de huelga aduce que la Comunidad Autónoma está incumpliendo la directiva europea que ordenó acabar con la situación de abuso de temporalidad existente entre los empleados públicos de España. La CE anunció que investigará la situación el presente diciembre, expuso ayer Manuel González en una rueda de prensa convocada para hacer balance de su año de lucha por la permanencia de esos trabajadores y avanzar nuevas acciones que planean desarrollar. A la Administración la acusó de “abocar a sus empleados a mantener vivo el conflicto en el año entrante con su actitud irresponsable”.

Ya se ha presentado un preaviso de huelga para 2022 que establece que los trabajadores en cuestión, que suman unos 4.000 en toda la región, pararán un día al mes de enero a junio, sin descartar emprender otras medidas de presión en paralelo.

Mientras, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, recibirá el próximo año unos 2,7 millones de euros para gestionar fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas. Esta aportación es consecuencia de una reunión en diciembre de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, en la que estuvieron presentes las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como representantes sindicales y de la Administración General del Estado. A Canarias llegarán 1,87 millones de euros correspondientes a los fondos autonómicos y 835.870 euros para los locales. El consejero Julio Pérez recalcó que el ICAP continuará con la labor de lograr la “máxima calidad y excelencia en la formación del capital humano.

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