La socialista Marta Arocha será nombrada próximamente nueva directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias en sustitución de Miguel Montero, que abandonará el cargo a finales de año. La noticia, adelantada ayer por Canarias 7, fue confirmada a este periódico por distintas fuentes del Pacto de Gobierno. Arocha ha sido la elegida por la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de Podemos, que antepuesto la experiencia al carnet del partido, pues ha decidido designar a una socialista al frente de esta área, que no termina de despegar a pesar de la contrataciones de personal que ha hecho la Consejería.
Arocha, licenciada en Derecho y funcionaria del Cabildo de Tenerife, ya fue directora del área entre 2015 y 2016, tras que el pacto entre CC y PSOE que dio la presidencia a Fernando Clavijo y situó a la socialista Patricia Hernández como vicepresidenta del Gobierno y consejera de Políticas Sociales. Durante esa etapa, Arocha empezó a dar un vuelco a la situación Ley de Dependencia, pero su labor se vio interrumpida después de que Clavijo expulsara a los socialistas del Gobierno. En 2019 fue designada, también por Patricia Hernández, como concejala del Área de Atención Social de de Santa Cruz, hasta que una moción de censura desalojó a los socialistas del Ayuntamiento tras solo un año de gobierno.
Montero ha decidido dimitir después de que, a principios de 2021, se comprometiera en una entrevista en la COPE a incorporar 5.000 altas netas más al sistema de atención a la Dependencia este año. “Si no lo consigo, me voy a mi casa”, afirmó. El actual director general prevé abandonar el cargo cuando termine el mes de diciembre para dejar cerradas algunas cuestiones del área. Será entonces cuando se realice su relevo. Según informaba ayer Canarias 7 con datos del Imserso correspondientes al mes de octubre, Montero toma esta decisión con 26.236 personas recibiendo su prestación de dependencia, frente a las 22.699 que había cuando llegó a la Dirección General. Hay 1.300 personas más recibiendo la prestación que en enero de 2021. Y 3.100 más con el derecho reconocido que hace diez meses. Pero aún quedan diez mil personas con derecho a recibir la prestación que no a reciben.
Esta es una de las cuestiones con las que más golpea la oposición al Gobierno en las sesiones de control. Santana contará ahora con una persona de mucha experiencia para afrontarla.
