Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales ante los impedimentos que, aseguran, está poniendo el equipo de Gobierno para que ejerzan su labor de control y fiscalización. El último de los contratiempos ha sido la convocatoria de un pleno extraordinario, cuya celebración, al parecer, sigue sin comunicar el secretario municipal, a pesar de que quedó automáticamente convocado para el 13 de diciembre, después de que el alcalde, José Manuel Bermúdez, dejara pasar los 15 días que tenía para fijar, de forma voluntaria, una fecha. En caso de que llegara ese día 13, y el secretario siga sin comunicarlo, el portavoz del PSOE, José Ángel Martín, avanzó que “acudiremos a donde haga falta para defender nuestros derechos; presentaremos un contencioso contra el alcalde y contra el secretario del Pleno por vulneración de derechos fundamentales”.
En dicho Pleno se abordará el coste de los escoltas de la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, una vez que la causa por amenazas denunciada por la edil ha sido archivada. El segundo punto de esa sesión plenaria será conocer la evolución de la denuncia presentada contra Sacyr por la recuperación del canon que entregó para hacerse con el servicio, y que UP llevó al juzgado, una causa esta en la que, según anunció el portavoz de UP, Ramón Trujillo, también se ha imputado al secretario General del Pleno y jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Martín detalló que el pasado 4 de noviembre solicitaron un Pleno extraordinario, sesión para la que el alcalde tenía 15 días para convocarla, un plazo que finalizó el pasado 25 de noviembre, por lo que se convocó de manera automática para el 13 de diciembre. “No fue hasta este lunes que se nos comunicó oficialmente que tenemos que subsanar unas firmas, ya con el Pleno convocado”, explicó Martín, para añadir que “no vamos a pasar por eso, si el señor alcalde no quiere hablar de los escoltas o de Sacyr que lo diga claramente, pero que no use la maquinaria del Ayuntamiento para tratar de evitarlo”.
Trujillo mostró su “perplejidad” por tener que dar una rueda de prensa para “denunciar que no se respeta nuestro derecho a la libre participación”. “En este absurdo, a nosotros (UP), como firmantes de la solicitud del Pleno Extraordinario, ni siquiera nos han informado de que haya que subsanar algo”.
“Es un tema tan grave -continuó- porque es el desprecio a las leyes, y si a eso le sumas que vamos a hablar de Sacyr-Emmasa, caso sobre el que supimos el pasado 30 de noviembre que se ha imputado al secretario del Pleno por prevaricación y malversación, nos encontramos que el señor secretario no cumple la ley al no comunicar el Pleno, porque es también parte”.
Por su parte, Matilde Zambudio, portavoz de Cs, reconoció con ironía que nunca pensó que “al dedicarme a la política terminaría siendo una experta en derechos fundamentales, porque se vulneran un día sí y otro también”.
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