El Tribunal Supremo ha condenado a la aseguradora Mapfre a abonar 3,8 millones de euros a 40 familiares de víctimas del accidente de Spanair, ocurrido en 2008 en el aeropuerto de Barajas y en el que murieron 154 personas y hubo 18 heridos. En una sentencia fechada el 21 de diciembre, la sala de lo civil ha visto el recurso presentado por Mapfre y varias decenas de familiares de víctimas contra el fallo de 2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, y ha estimado algunas reivindicaciones.
El Supremo destaca que, “sin perjuicio de otras posibles concausas”, el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar una maniobra, imputable al piloto y al copiloto. La responsabilidad civil del transportista por los daños acusados a los pasajeros de la aeronave siniestrada estaba asegurada por Mapfre, en una póliza que cubría los desperfectos de la aeronave y la responsabilidad frente a terceros.
El último 20 de agosto, 13 años después del accidente, la Asociación de Afectados del Vuelo AVJK5022 continuaba a la espera de que se determinara quiénes fueron sus responsables. “Si no tuvieran ningún cargo de conciencia, no tendrían miedo de que esto fuera a la Fiscalía”, comentó su presidenta, Pilar Vera. En una rueda de prensa, lamentó que el dictamen de la comisión de investigación del Congreso -aprobado en mayo de 2021 con los 121 votos en contra del PSOE- siga “estancado” y pidió que se enviara cuanto antes al Ministerio Público. Vera transmitió el “cansancio” y el “desgaste” que ha supuesto para las familias el proceso: “Trabajamos por la memoria de los muertos y la seguridad de los vivos”.
Creada en febrero de 2018, la comisión pretendía esclarecer las causas y las responsabilidades del siniestro. Entre los 18 supuestos responsables que aparecen en el boletín de la Cámara Baja, figuran políticos como la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario General de Transporte, Luis Fernando Palao; el presidente de Aena, Manuel Azuaga, y Mapfre. Precisamente, sobre la compañía y las indemnizaciones, la asociación expresó “impotencia” e “indefensión” ante el trato de la Justicia: “Al igual que ocurría con las cláusulas suelos de los bancos, en este caso se tiende a fallar en favor de las aseguradoras”. Además, los familiares de las víctimas tacharon de “insulto” que se aplicasen los baremos de accidentes de tráfico en catástrofes aéreas cuando existe una normativa europea específica.
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