El negacionismo saca músculo en Canarias. Coincidiendo con las manifestaciones acaecidas en las islas capitalinas (ayer mismo en La Laguna con más de 300 asistentes) para oponerse a los criterios científicos oficiales, las instituciones canarias han sufrido esta semana una oleada de ataques cibernéticos en nombre de este movimiento antisocial que pone en peligro la salud de todos, especialmente en el caso de los afectados por patologías previas cuyas consecuencias resultan agravadas -incluso, mortalmente- en caso de contagio por Covid.
Así, la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó en días pasados que la cuenta de correo electrónico oficial de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas de Gran Canaria se vio saturada en la mañana del pasado jueves con más de medio millar de mensajes enviados por personas contrarias a las medidas adoptadas para la prevención del Covid. Hay que tener en cuenta que dicha Sala es la que entiende de validar o no jurídicamente todas las medidas gubernamentales dictadas para el control de la pandemia actual, cuyos efectos, tanto sanitarios como económicos, han originado ya más de 1.200 en las Islas y un empobrecimiento generalizado entre los canarios, especialmente los que de por sí ya contaban con pocos recursos.
Ante tales hechos, explicó en su día el portavoz del TSJC y que afectan al normal funcionamiento del órgano judicial, el presidente de la Sala denunció estos hechos ante la Policía Nacional, cuya brigada de delitos tecnológicos está llevando a cabo las investigaciones tendentes a esclarecer los hechos e identificar a sus autores para depurar responsabilidades.
Este ataque electrónico a la Justicia isleña no es el único investigado por la Policía Nacional, igualmente ocupada en dar con los responsables de las amenazas e intimidaciones sufridas por un total de 6.339 enfermeros y auxiliares que cumplen con su deber al vacunar, desde diciembre de 2021, a menores de 12 años frente a la covid-19, como ha denunciado el Servicio Canario de la Salud (SCS).
En concreto, estos profesionales han recibido en sus correos electrónicos corporativos un documento en formato PDF con mensajes amenazantes respecto de la campaña pediátrica que desarrollan para inmunizar a la población de entre 5 y 12 años frente al coronavirus covid-19, tal y como confirmó a Efe el propio director del SCS, Conrado Domínguez. En este caso, un dato nada baladí: estos correos están firmados por dos colectivos: la Asociación Nacional Sovida y la Asociación Nacional Leaders Collegue International.
Según la denuncia que investiga la Unidad de Delitos Telemáticos, en los mensajes masivos enviados a estos sanitarios se les acusa de estar “cometiendo graves delitos tipificados en el Código Penal contra menores de edad”, para ello esgrimen argumentos ampliamente desacreditados por la ciencia, como que las vacunas inoculadas a menores de 12 años no son seguras o que causan reacciones graves e incluso letales.
En realidad, si los menores de edad no fueran vacunados, el virus hallaría un reservorio ideal para su supervivencia, haciendo crónica su presencia en nuestra sociedad y, por ende, los estragos que causa en la misma.
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