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El Comisionado de Transparencia triplica su actividad en dos años

El órgano de garantías, adscrito al Parlamento de Canarias, afrontó 525 reclamaciones en 2021 frente a las denegaciones de información y evaluó 968 portales, públicos y privados
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, con Clara Rodríguez y Teresa Casanova.
El comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, con Clara Rodríguez y Teresa Casanova. Fran Pallero

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha triplicado su actividad durante los dos últimos años, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, al pasar de los 730 expedientes administrativos resueltos en 2019 a los 1.965 en 2021. Se refieren en su mayoría al amparo a los ciudadanos a los que se le había denegado información y al control de los portales de transparencia públicos y privados (968, en el último ejercicio) para que publiquen toda la información obligada por las leyes. En sus seis años de existencia, el órgano de garantías ha resuelto 4.945 expedientes.


El comisionado, Daniel Cerdán, rindió cuentas ayer en una rueda de prensa en el Parlamento. Entre sus funciones esenciales, están las de asistir a la ciudadanía en sus reclamaciones por el derecho de acceso cuando les deniegan información las instituciones canarias, controlar los portales de transparencia y difundir, crear e incentivar la cultura de la transparencia. En esos tres aspectos, el total de expedientes administrativos tramitados ha aumentado un 55% en el último año.


Durante los seis años de actividad del Comisionado de Transparencia, se han gestionado 4.945 expedientes que, junto a otras actividades de carácter no administrativo, suman un total de 10.000 asuntos abordados desde 2015. “Esto ha sido posible fundamentalmente por la intensa digitalización de los procedimientos, tanto en la sede electrónica para trabajar las reclamaciones como en evaluación de la transparencia, que en 2021 fueron 968 los sujetos evaluados. Contamos con más de 1.000 colaboradores de las 340 entidades públicas y de las casi 600 entidades privadas subvencionadas que se han autoevaluado y que ha contribuido con nosotros a este trabajo”, dijo. Con respecto al acceso a la información pública, en 2021 hubo 525 reclamaciones, lo que supone un incremento de más de un tercio respecto a las del año 2020.


Teresa Casanova, jefa del Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, detalló que el 80% de las reclamaciones se han originado en el silencio administrativo, lo que significa que ocho de cada diez personas que reclaman han solicitado información a la administración y han obtenido el silencio como respuesta.


Clara Rodríguez, asesora técnica de Evaluación y jefa de gabinete en funciones, indicó que en los portales de transparencia aún se utiliza demasiado el formato PDF para los archivos, lo que dificulta la utilización abierta de los datos y trabajar; por ejemplo, en el caso de la información relativa a las subvenciones públicas.


En cuanto al soporte utilizado, el 95% en 2021 fue por la vía electrónica. Y la información más solicitada en las reclamaciones era sobre empleo en el sector público y contratos.

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