Marta Arocha tomó posesión ayer como directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, en un acto en el que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, destacó que, “según los últimos datos del Imserso, el Archipiélago está a la cabeza entre las comunidades autónomas que más y mejor están gestionando los expedientes de grado, pero que la situación es aún muy complicada”. Se mostró convencida de que la experiencia de Arocha en esta materia ayudará a seguir avanzando. Tras agradecer la confianza, Marta Arocha reseñó que su gestión “se va a centrar en reducir las listas de espera tanto en discapacidad como en dependencia”. Para ello, contará con “el trabajo y la profesionalidad” del personal del departamento.
Arocha es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Como gestora pública, estuvo al frente de la Gerencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife. En 2016 asumió la responsabilidad en Dependencia en Servicios Sociales del Ejecutivo autonómico, donde ocupó en su momento la secretaría general técnica. En la actualidad ocupaba el cargo de directora insular de Apoyo a la Presidencia, Organización y Planificación en el Cabildo de Lanzarote.
Por su parte, Canarias se enfrenta al reto de reconducir la lista de espera de dependencia, tras el incremento del último año, por delante de La Rioja y Cataluña, mientras que en el resto ha bajado. Son datos de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que considera que el objetivo del plan de choque de dependencia de reducir las listas de espera en España ha fracasado y alerta de que en el país mueren 128 personas al día -una cada 11 minutos- en el laberinto burocrático de la ley, esperando a recibir una prestación.
A lo largo de 2021 fallecieron 46.671 personas en las listas de la dependencia (28.192 dependientes con derecho a recibir prestación y 18.479 de resolución de grado), conforme a lo que ha publicado esta semana el Imserso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). “Se está abandonando sin atenciones a 392.690 personas”, profiere el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. Quienes solicitan atención en el sistema de dependencia en España aguardan de media 421 días hasta que se les concede una prestación o servicio. Son 14 meses de tiempo medio de tramitación de un expediente, uno menos que en 2020, aunque en las lista de espera continúan 362.690 personas: 124.596 pendientes de valoración del grado de dependencia; 193.436 esperando que se resuelva su Programa Individual de Atención (PIA) -la propuesta de prestación-, y 44.658, a la espera de que se les entregue la prestación o servicio al que tienen derecho.
La burocracia de los procedimientos
Si se compara con el número de personas que estaban en las listas de espera en España al finalizar 2020, ha disminuido en 51.130, según el SAAD, al pasar de 413.820 a 362.690. Se trata de una reducción que el Ejecutivo calculó en 60.000 personas con el plan de choque aprobado hace un año y que, para los gerentes, “ha fracasado” debido a la burocracia en los procedimientos y a que tres comunidades (Canarias, La Rioja y Cataluña) han aumentado la lista de espera en vez de reducirla, “a pesar de haber recibido el incremento presupuestario”. En ese caso se encuentran Canarias (23,1%); La Rioja, el 16,4%, y Cataluña, el 7%.
Las comunidades que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera son Madrid (62,9%), Aragón (42,2%), Castilla-La Mancha (38,8%), Asturias (32,2%) y Andalucía (32,2%). Sí ha crecido la estadística de beneficiarios de prestaciones y servicios, en 97.912 (8,7%), con la Comunidad Valenciana (14,9%), Asturias (14,5%) y la Comunidad de Madrid (14,4%) a la cabeza. En Cantabria, por el contrario, la cantidad de personas con derecho a prestación aminoró el año pasado en el 10,9%.
“Estos datos parecen indicar que el sistema de la dependencia se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con menor grado de dependencia”, explica Ramírez.
