El secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció ayer la apertura de un “expediente informativo” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por realizar “acusaciones gravísimas y casi delictivas” contra el presidente nacional del partido, Pablo Casado. García Egea ha comparecido en la sede de la calle Génova tras las declaraciones realizadas por Isabel Díaz Ayuso, en las que ha denunciado que el PP ha puesto en marcha un plan para destruirla, acusándola de corrupción “sin pruebas”, con información facilitada desde La Moncloa.
El número 2 de Pablo Casado respondió anunciando que los servicios jurídicos del PP ya están estudiando las actuaciones que “puedan surgir en Derecho” contra Ayuso y ha evitado concretar si el expediente informativo abierto puede provocar la expulsión de la presidenta madrileña del partido.
El secretario general ha sostenido que las “acusaciones gravísimas y casi delictivas” realizadas por Ayuso responden a un intento de presionar a la dirección del PP para que convoque cuanto antes el Congreso regional del partido. Y ha negado rotundamente que el PP diera instrucciones para contratar (directamente, o a través de una empresa pública de la Comunidad de Madrid) a una agencia de detectives para investigar al hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso.
“No toleraré una acusación más sobre mi honorabilidad y la de los militantes del PP”, ha advertido García Egea en rueda de prensa, “nunca pude imaginar que se ataque de una forma tan cruel e injusta a la dirección del partido que le ha dado todo” a la presidenta madrileña y la “ha protegido en los momentos de soledad y la ha ayudado en los momentos de dificultad”.
Egea ha eludido aclarar si, como sostiene Ayuso, la información comprometedora sobre su familia fue facilitada a Pablo Casado desde La Moncloa. Del mismo modo, no ha querido confirmar si la dirección del PP tiene algún tipo de prueba sobre el presunto cobro de una comisión de 280.000 euros por parte del hermano de la presidenta de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, por la adjudicación de un contrato público de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL.
Respecto al cobro de esta presunta comisión, García Egea ha señalado que la propia Ayuso “ha reconocido” los hechos ayer por la mañana.
En su rueda de prensa previa, la presidenta madrileña aludió al cobro de una “comisión de intermediación” que, ha asegurado, resulta “completamente legal” y fue declarada ante Hacienda.
Pablo Casado convocó el septiembre, al conocer los hechos, a Ayuso a una reunión, en su despacho de la calle Génova, para comunicarle la existencia de estas sospechas. Según García Egea, Ayuso se comprometió a aclarar los hechos “de forma inmediata”, pero nunca cumplió esa promesa más bien lanzó “una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias, que han hecho muchísimo daño”, ha añadido.
Por la mañana, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negó que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares.
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