granadilla de abona

Paola y su hijo se atrincheran y resisten el lanzamiento en San Isidro

Con la ayuda de un grupo de vecinos del edificio Las Acacias, la joven madre apuntala la vivienda de alquiler y la Guardia Civil desiste de tirar la puerta abajo; el desalojo se pospone ahora al día 28
Paola-San-Isidro
Paola observa por la mirilla de su puerta, apuntalada ante el temor a ser desalojada a la fuerza. Norchi

El próximo día 28, a las nueve de la mañana, es la nueva fecha fijada por el Juzgado Número 1 de Granadilla de Abona para el lanzamiento de Paola y su hijo de 12 años de la vivienda que tienen alquilada desde hace ocho años en el edificio Las Acacias, en San Isidro. En la misma, ayer un grupo de vecinos se concentraron dentro y fuera del piso, que apuntalaron, para impedir que llegara a buen puerto el desalojo decretado por la magistrada, tras la denuncia del nuevo propietario, que adquirió el inmueble por 20.000 euros.

Paola Parrales, que lleva ocho años pagando 225 euros de alquiler -solo dispone de un sueldo de un trabajo a tiempo parcial-, consignado a un Juzgado de Granadilla, ha logrado que su lanzamiento sea de nuevo aplazado, como ya ocurrió en julio y septiembre del año pasado. Ni siquiera el procedimiento de desahucio viene a su nombre, sino al de Manuel, su exsuegro, cuando este nunca vivió en el piso en cuestión.

Pero ayer, el director del Puesto de la Guardia Civil en Granadilla, tras anunciarle el aplazamiento de la ejecución del lanzamiento, se lo dejó claro: “La persona que habita es independiente, se trata de recuperar el inmueble, que lo tenga claro, el 28 de abril debe estar desocupado”.

El lanzamiento estaba previsto ejecutarse ayer a las once de la mañana y desde primera hora un nutrido grupo de vecinos se reunió en torno al piso de Paola. Una decena de ellos quedaron en su interior, donde apuntalaron la puerta, y otros tantos por fuera a la espera de la comitiva judicial.

Una funcionaria, acompañada de dos agentes de la Guardia Civil, así como el nuevo propietario y su procuradora, llamaron a la puerta sin recibir respuesta de Paola, que se negó a abrir, mientras Joana, representante de la Asociación de Vecinos Arguayoda- Las Acacias, insistía en que “el lanzamiento no iba contra Paola y que no había tenido un juicio para defenderse”.

Poco después, la comitiva abandonó el rellano de la vivienda y se trasladó fuera del edificio. No abandonaban, solo estaban a la espera de que la jueza ordenara la entrada a la casa por la fuerza. Todo hacía pensar que así iba a ocurrir cuando se trasladaron hasta seis patrullas más de la Guardia Civil, con escudos y con mazos para intervenir. Sin embargo, el jefe de los agentes subió al segundo piso, en esta ocasión para comunicar que se suspendía el lanzamiento. Fue entonces cuando Paola pudo abrir la puerta y abrazarse a cada uno de los vecinos que le habían acompañado dentro y fuera de su vivienda, donde estaba su madre, venida de Baleares, y su pequeño hijo de 12 años, que ayer no fue al instituto.

Con las lágrimas en los ojos, Paola insistía: “Yo solo quiero que la jueza me escuche, yo no soy ninguna okupa, quiero un juicio y defenderme, no tengo a dónde ir”. Y es que ni siquiera con la documentación entregada por Paola, el Juzgado ha anulado el auto del lanzamiento, iniciado en su día contra Manuel, el padre de su expareja. Ni la plataforma Por el Derecho de una Vivienda Digna Montaña Clara ni el Instituto Canario de la Vivienda han podido parar el anuncio del traumático desahucio, pospuesto ahora para dentro de 20 días.

Una historia demasiado repetida en Granadilla

No hay un cifra oficial, pero desde el Ayuntamiento de Granadilla se ha trasladado que en el municipio, y, sobre todo, en San Isidro, se calcula que residen un millar de okupas. Solo en este último hay una decena de edificios que quedaron sin construir en la crisis de 2008 que están okupados, algunos de ellos en manos de supuestos propietarios rusos o italianos que revenden los pisos, incluso con inquilinos dentro, como ocurre en el edificio Las Acacias, donde muchos de los residentes llevan años pagando el alquiler a una cuenta del Juzgado ante la quiebra de las empresas propietarias de viviendas de protección oficial que teóricamente no se pueden vender en el mercado libre hasta el año 2043. Pero en realidad lo que se deduce de todo ello es la falta de vivienda social en un municipio que crece cada año en 1.000 habitantes, una constante que se repite en casi todo el sur de la isla, junto a la pomposidad de las instalaciones turísticas.

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