La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, al frente de la que está José Antonio Valbuena, publicaba ayer la evaluación ambiental del proyecto de construcción de la futura Ciudad de la Justicia. Así, el BOC recogía que, durante 45 días, se podrán presentar alegaciones a un proyecto que pretende centralizar todos los servicios judiciales en la zona con la construcción de un nuevo Palacio de Justicia e incorporando el resto de parcelas disponibles para tejer una red que permita convertir la zona en el centro neurálgico de la Administración de justicia en la capital.
En ese entramado de parcelas e inmuebles, el Gobierno de Canarias tendrá que hacerse con la propiedad de suelos que pertenecen a otras administraciones, como la del Ayuntamiento de Santa Cruz. Entre ellas está la de uso hotelero o turístico que posee el Consistorio capitalino y que, según se recoge en el proyecto en exposición pública, estudia adquirir el Gobierno con el objetivo de trasladar la Consejería de Sanidad, actualmente en la Rambla de Santa Cruz, de forma que todo el entramado administrativo del Gobierno de Canarias en Tenerife se concentrara en Cabo Llanos.
Esta parcela hotelera también se barajó como posible ubicación del Edificio de Usos Múltiples III, que se pretende construir con el objetivo de cerrar el Múltiples I, que se encuentra en la avenida de Anaga. En cualquier caso, sería necesario la modificación de los usos de esta parcela una vez adquirida por el Gobierno de Canarias.
En este detalle de ordenación también se estudia adquirir el edificio Auditorio que Antonio Plasencia construyó en la zona y que entregó al Ayuntamiento de Santa Cruz en pago por la responsabilidad civil del Caso Teresitas. El fin de este edificio será completar el entramado de sedes judiciales.
El documento admite que la centralidad de servicios que se pretende crear en Cabo Llanos generará problemas de movilidad, por lo que se activaría la posibilidad recogida en el Plan Territorial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana, consistente en el soterramiento de la Vía Litoral: “De esta manera, se disminuye notablemente la problemática de la zona y se avanzan en la mejor del funcionamiento de esta infraestructura a un nivel superior”.
La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente supondrá una variación en la edificabilidad actual, aunque sí aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.
Tras este proceso de evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico, se pondrá en marcha la propuesta de suspensión del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife en el ámbito de Cabo Llanos, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias correspondientes.
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