Crece la tensión en San Isidro entre los desokupas y el centenar de personas que residen, algunos desde 2016, en las 48 viviendas del edificio Tabaiba, construido bajo VPO y sobre suelo cedido por el Ayuntamiento de Granadilla en su día, y hoy comprado supuestamente por un empresario rumano.
Ayer, vecinos y miembros de plataformas antidesahucios, se concentraron en la plaza del Ayuntamiento para exigir al alcalde que les dejaran entrar las cubas de agua, después de que el miércoles miembros de la empresa Desokupa rompieran tres de las cuatro puertas de acceso al edificio y cortaran la red de las cubas situadas en la azotea, en un edificio que, al no disponer de cédula de habitabilidad, no cuenta con luz y agua corriente. Los manifestantes denunciaron que un policía local había impedido a un camión cisterna llevar agua al edificio y así se lo trasladaron a la edil de Servicios Sociales, María de la O Gaspar.
Desokupa comunica que cortaron las mangueras de las cubas de la azotea porque resultaba excesivo el peso para el edificio, algo que desmintió ayer Israel Ojel, de las plataformas antidesahucios: “Cada metro cuadrado puede resistir una carga de seis mil kilos”, comentó.
Ramón Trujillo defiende el derecho a la vivienda de los vecinos del edificio Tabaiba
Unidas Podemos expresa el apoyo al Sindicato de Inquilinas y a la Plataforma Montaña Clara por el papel que están jugando en la defensa del derecho a la vivienda. Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, hace un llamamiento para que Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Granadilla impidan que la empresa Desokupa expulse de sus viviendas a 48 familias, en situación de exclusión social.
Asimismo, Trujillo exige que no se permita a Desokupa asumir un ejercicio de funciones de autoridad, que es tan ilegítimo y tan incompatible con la democracia como encomendarles disolver manifestaciones. “Hay que poner fin a estas prácticas antes de que se extiendan a otros municipios”, remarca.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas