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Dos OEP de 3.496 plazas para “estabilizar” el empleo público

El Consejo de Gobierno aprueba dos decretos con el fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma desde “la máxima seguridad jurídica”
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El Consejo de Gobierno aprobó ayer dos decretos para las ofertas de empleo público (OEP) extraordinarias, con 3.496 plazas en total, para la estabilización del empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El primero abarca la OEP extraordinaria para la estabilización del empleo temporal a que se refiere el artículo 2.1 de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la Administración general, que incluye las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.

Esta OEP incluye 255 plazas: 99 corresponden a cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 156, a grupos y categorías profesionales de personal laboral. El segundo decreto está dirigido al empleo temporal de larga duración, a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente antes del 1 de enero de 2016: de las 3.241 plazas, 93 son de cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario y 3.148, de grupos y categorías profesionales de personal laboral. Se cumple así con el primer plazo establecido en la ley 20/2021, que exige que las OEP se publiquen en el BOC antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias, antes del 31 de diciembre de 2022. Los procesos deberán estar concluidos no después del 31 de diciembre de 2024.

En la rueda de prensa posterior, Julio Pérez detalló que, en conjunto, la oferta de estabilización de todos los sectores de la Administración afectará a 22.368 plazas, en un procedimiento “singular, distinto y excepcional” al que se pretende “dotar de la máxima seguridad jurídica ante posibles conflictos por disparidad de criterios”. El responsable del área y portavoz del Ejecutivo apuntó que la mayor parte ha sido consensuada con los sindicatos y mostró su confianza en que a su término, estas personas disfruten de una situación “final, estable y segura”. Entre otros motivos, comentó, porque “nos conviene que sigan trabajando con nosotros, pero dentro de la ley”. Esta oferta significa, resaltó, “un enorme esfuerzo para regularizar, para hacer justicia y normalizar la situación de una parte de nuestro personal en un proceso complejo jurídicamente”, porque habrá puntos en los que haya “distintas interpretaciones”. Se intenta obtener “el mayor consenso con los sindicatos y otras administraciones respecto a los criterios”.

Pérez informó de que 12.146 plazas se han asignado a Sanidad; 5.722, a Educación; 3.500, a la Administración general; unas 500, a empresas públicas, fundaciones e institutos, y unas 400, a Justicia. Suponen aproximadamente un tercio del personal de la Comunidad Autónoma, en la que actualmente trabajan unos 72.000 empleados. “Se está dando un paso importante en la mejora de los servicios públicos canarios y en la situación de una gran parte de los empleados públicos” y, si persiste la “anormalidad”, precisó Pérez, “la ley permite establecer algún tipo de mecanismo para mantener su vinculación. “Nuestro propósito es que no haya nadie perjudicado y que vea que empeora”, dijo. El comité de huelga de los empleados públicos ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia para exigir que se cumpla el acuerdo que firmaron en abril de 2021 para la estabilización del personal temporal. El 8 de abril registraron una reclamación administrativa. El jueves volvieron a concentrarse. “La ley no ofrece solución al problema generado ni establece indemnizaciones disuasorias para evitar el abuso”, arguyó Yolanda Cívicos.

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