La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investiga al Servicio Canario de la Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al pagar cuatro millones de euros a una empresa RR7 United SL
(de compraventa de vehículos), para el suministro de unas mascarillas que nunca recibió, al inicio de la pandemia COVID.
La Fiscalía investiga tanto a la empresa, por estafa, como a la Consejería de Sanidad, que siguió contratando con ella a pesar de que no le suministró el millón de mascarillas que había cobrado por adelantado, tal y como cita Canarias7.
La Fiscalía trata de esclarecer si la Administración no verificó si la empresa cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, si investigaron el objeto de la misma, ya que no estaba vinculado al sector sanitario, y por qué no puso en conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido con ese contrato.
Anticorrupción ha solicitado a la Consejería los contratos entre ambas partes, resoluciones, informes jurídicos y demás información en el marco de estas diligencias de investigación y tomó declaración a varios funcionarios sobre el contrato de emergencia suscrito entre el SCS y RR7 United SL el 25 de mayo de 2020, así como al denunciante de los hechos, el empresario Juan Manuel Pérez León.
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