tribuna

Canarias, descarbonización y compromiso

Tratar a todo el mundo por igual, lejos de ser positivo, puede convertirse en una forma de injusticia y de agravio. La equidad es otra cosa bien diferente. Tanto en lo personal como en lo colectivo, si no se tienen en cuenta las diferencias existentes, las menores o mayores dificultades que tienen unos y otras, las variadas circunstancias que les afectan, en vez de combatirlas, estaremos fomentando las desigualdades. Esto que sucede en tantos ámbitos de la vida cotidiana también es trasladable a distintas decisiones políticas. Ocurre de forma clara en el actual debate medioambiental sobre las medidas tendentes a la descarbonización y su impacto en Canarias y en el conjunto de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Existe un compromiso firme de la Unión Europea para avanzar en la descarbonización y contribuir decididamente a la lucha contra la Crisis Climática, que ya está influyendo de manera significativa en la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos: olas de calor a destiempo, incendios, inundaciones, sequía… Hay que revertir esa situación, contribuyendo a la salvación del planeta, que se encuentra hoy en grave riesgo por las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana. Nuestras acciones han provocado el calentamiento global, pero las acciones que decidamos tomar a partir de ahora pueden limitarlo.

Se pretende el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad climática de la Unión Europea en 2050, con un objetivo intermedio, no menos ambicioso, de reducción de al menos un 55% de las emisiones de efecto invernadero en 2030. Para conseguirlo, la Comisión Europea presentó, en el mes de julio de 2021, el paquete legislativo “Objetivo 55” que incluye un conjunto de 14 propuestas legislativas.

Las propuestas abarcan distintas acciones, desde potenciar y crear sumideros naturales (entre otras actuaciones, con la plantación de 3.000 millones de árboles antes de 2030 en territorio comunitario) para disminuir el carbono que se emite a la atmósfera por las distintas actividades humanas, hasta fomentar el uso de las energías renovables y de combustibles más ecológicos, pasando por penalizar fiscalmente las actividades que más contaminan como una forma de estimular su reducción.

Entre las propuestas legislativas más importantes del paquete se encuentran las que se refieren al régimen general de comercio de derechos de emisión, en el que por primera vez se incluye el transporte marítimo, y a la contribución de la aviación al objetivo de la UE de reducción global de las emisiones. En este caso se pretende modificar el actual régimen de derechos de emisión con el objetivo de reducirlas en un 61% en 2030 respecto a los valores de 2005. Con propuestas que incluyen eliminar gradualmente la asignación gratuita de derechos de emisión a la aviación. Así como la vinculación de los ingresos procedentes de los derechos de emisión a proyectos relacionados con el clima y la energía.

Inicialmente, esta propuesta preveía una excepción para las RUP, que en nuestro caso supondría dejar fuera temporalmente de la medida, hasta el 31 de diciembre de 2023, a los vuelos entre Canarias y el resto del territorio del Estado. Previéndose que pueda extenderse la excepcionalidad hasta finales de 2030. Esto implicaría que el régimen de emisiones en la aviación sí se aplicaría en los vuelos que unen a Canarias con el resto de los estados de la Unión Europea, donde se encuentra la mayoría de nuestros principales clientes turísticos. Supondría un golpe de incalculables efectos sobre la industria turística, lo que impactaría negativamente sobre el conjunto de la economía canaria, sobre el empleo y, en definitiva, sobre la calidad de vida en nuestra tierra.

Por eso, las RUP y los estados de las que forman parte, solicitamos desde el principio un análisis de impacto sobre los costes de ese paquete legislativo en comunidades vulnerables, alejadas y fuertemente dependientes del exterior vía aérea. Planteando mantener la exclusión de todos los vuelos con origen o destino en las RUP, incluyendo los vuelos internacionales, no solo los internos o con sus estados, para contribuir a la accesibilidad y la cohesión territorial de estas regiones.

Defiendo, por supuesto, el espíritu de esas y otras medidas de la Unión. Parece muy razonable que la muy contaminante aviación reduzca drásticamente sus emisiones mediante la implementación de nuevas tecnologías. También que muchos de los desplazamientos de corta y media distancia que hoy se realizan en aviones sean llevados cabo en otros medios más sostenibles, especialmente los trenes, que emiten menos CO2, pueden ser alimentados con energías renovables y ofrecen una elevada eficiencia. Es una de las piezas esenciales para alcanzar una movilidad sostenible.

Pero en un archipiélago ultraperiférico como Canarias, más allá de la proyectada incorporación del ferrocarril a sus islas más pobladas, esta sustitución del avión por el tren no es factible. Precisamos de la movilidad en barcos y en aviones para el desplazamiento de personas y mercancías entre nuestros territorios insulares; y, asimismo, entre estos y el resto del mundo. Lo contrario nos condenaría al completo aislamiento y a la mayor pobreza.

En la línea que viene defendiendo la Conferencia de Presidentes de las RUP -que ha destacado la relevancia de los aeropuertos como principal vía de entrada y salida de estos territorios, teniendo por tanto una fuerte dimensión social- sobre este asunto, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar impulsó una propuesta que ha posibilitado que el ponente del informe del “Objetivo 55” presentara una enmienda que excluye del comercio de emisiones en el sector aéreo a todos los vuelos de las RUP, es decir, con sus estados miembros, con el Espacio Económico Europeo (UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein) y los interinsulares, independientemente de que sean OSP (Obligación de Servicio Público) o no. Esa enmienda contó esta semana con el apoyo de los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, quedando fijada en su posición sobre la propuesta legislativa, lo que constituye una buena noticia para Canarias, aunque continúa la tramitación ante el Consejo Europeo.

Por otra parte, con relación al conocido como impuesto al queroseno, incluido en la futura directiva de fiscalidad energética, no se implementará finalmente en Canarias, al quedar nuestra comunidad fuera del campo de aplicación de los impuestos especiales, como ya establece la Directiva 2008/118. De forma que el impuesto sobre el queroseno no afectará a los vuelos de Canarias, ya sean interinsulares, con el resto del Estado o con los países de la Unión Europea. Situación similar sucedería en el caso de la navegación marítima para el combustible de los barcos.

Al margen de la consecución de esa excepcionalidad imprescindible para las RUP respecto al comercio de emisiones o la no aplicación en Canarias del impuesto al queroseno, habrá que continuar cumpliendo con nuestros deberes internos, con nuestros compromisos con el planeta; siendo conscientes además de que ponen en valor nuestro destino y que, cada vez más, se elegirán preferentemente aquellos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Eso supone múltiples tareas en marcha y por implementar. Intensificando el desarrollo de las energías renovables, con iniciativas como la central hidroeléctrica de Chira en Gran Canaria, así como incrementando el peso de la eólica, incluida la marina, o la mareomotriz, así como y el autoconsumo. Impulsando la economía circular. Incrementando la movilidad sostenible urbana e interurbana: guaguas, taxis, bicicletas y desplazamientos a pie; estimulando las peatonalizaciones y los carriles bici que posibilitan ciudades más amables y humanas, así como con la implantación del transporte guiado en las islas más pobladas. Convirtiendo nuestra planta alojativa turística en ecoeficiente. Trabajando por unas islas descarbonizadas y comprometidas con el combate contra la Crisis Climática, con el futuro y con la vida..

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