Pulido (NC) aboga por un consorcio para agilizar la reconstrucción de La Palma

El responsable económico de la Oficina de Atención a los Afectados por la erupción señala que ese ente contaría con facultades para contratar y en él estarían presentes instituciones y colectivos

El Consejo de Ministros daba luz verde el pasado día 7 a un Comisionado Especial para la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Un ente que tiene como principal objetivo servir de interlocutor entre Moncloa y las distintas administraciones involucradas en esta tarea de devolver la “normalidad” a la población de la Isla Bonita, como describió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de un órgano presidido por el político palmero Héctor Izquierdo y que rinde cuentas al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien también comanda la denominada Comisión Mixta, con presencia del Estado, el Ejecutivo regional, el Cabildo y los tres ayuntamientos del Valle de Aridane: Los Llanos, El Paso y Tazacorte.

No obstante, a ojos del responsable económico de la Oficina de Atención a Afectados, Miguel Ángel Pulido (NC), la figura del Comisionado “va en la buena dirección, pero se queda corta”, según declara a DIARIO DE AVISOS. El también director general de Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno canario valora que “es positivo que haya un único interlocutor” con la Administración central, aunque lo adecuado sería que tuviera capacidad práctica para agilizar el proceso que está en marcha en la Isla. Es más, abunda en el hecho de que la Comisión Mixta “ha jugado un papel importante en la fase de emergencia”, cuando había que tomar decisiones con celeridad, “sobre la marcha”, para “evitar que haya muertes de personas y animales, organizar los desalojos, establecer las zonas de exclusión o algunas obras de emergencia”.

La labor actual, sin embargo, no cree que corresponda a dicho órgano -ni el de nueva creación-, sino a “un consorcio”. “Para la fase de reconstrucción y de reactivación económica, que va a ser más larga en el tiempo, sería necesario contar con un ente instrumental que fuera más ágil y que, a su vez, permitiera mantener la unidad de acción”, explica. El mismo, deberá disponer de “personalidad jurídica propia, capacidad para contratar, para tomar decisiones”, de modo que “las administraciones cedan facultades a ese órgano”, en el que estén presentes tanto las instituciones como los propios afectados, llegado el caso. Además, otra pieza fundamental para el buen funcionamiento del referido consorcio serían “las empresas públicas”, que colaborarían “en la gestión del llamado Plan de Reconstrucción”.

En este sentido, puso como ejemplo el Consorcio del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), “que ha permitido desarrollar de manera impresionante uno de los observatorios astrofísicos más importantes del mundo: el del Roque de los Muchachos”. Un complejo que, cabe recordar, no solo alberga instalaciones científicas de primer nivel, sino que aspira a acoger otras de gran calado, como el Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés) -para el que compite con Hawái- o, incluso, la futura sede de la Agencia Espacial Española.

PLATAFORMAS

Preguntado por la forma en que se articularía la participación de las plataformas de damnificados en ese virtual consorcio, Pulido indica que “hay que ir un paso más allá en la participación ciudadana”, teniendo en cuenta que “hasta ahora solo se desarrolla en la fase de consulta, pero luego se deja a la gente fuera de la toma de decisiones”. El nacionalista progresista entiende que este mecanismo “tiene que pasar por un proceso de escucha activa de los afectados”. Y ve viable que “se les puede dar representación en el consorcio; hay fórmulas y hay experiencias parecidas”.

Precisamente el derecho a tener voz y ser partícipes de las decisiones en torno a la reconstrucción es una de las grandes demandas esbozadas por los colectivos sociales que, al calor del devastador fenómeno natural, se han creado en defensa de las víctimas -materiales- de la erupción. Un punto al que se une la solicitud de mayor transparencia en la gestión, tanto en lo referido a las donaciones solidarias como en las obras que se ponen en marcha, siendo de las más polémicas la vía de la Costa.

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