Jesús García, de 50 años, reside junto a su madre (90) en régimen de alquiler en una vivienda de la calle Princesa Ifara, en San Isidro (Granadilla de Abona), desde marzo de 2021, tras firmar, inicialmente, un contrato de seis meses.
Según explicó ayer a este periódico, transcurrido este tiempo el propietario le advirtió de que los vecinos se quejaban del comportamiento de su madre (padece alzhéimer y sufre crisis nerviosas) y le avisó de que, si continuaban los problemas, no le renovaría el contrato. Pero sí lo hizo, por tres meses, aunque comunicándole que, transcurrido dicho plazo, que vencía en diciembre pasado, vendería el piso por razones económicas.
Cuando llegó diciembre, Jesús le hizo saber al propietario que no se podía ir porque no encontraba vivienda y este le comunicó que irían a juicio. Desde entonces no paga el alquiler, “ya que él no quiere que le pague, porque me quiere echar”.
“Vivo con la pensión de mi madre, no recibo ningún tipo de ayuda económica y hoy en día los propietarios te piden muchas garantías: dos nóminas, un aval… Yo no trabajo, tengo una discapacidad mental y me dan ataques de ansiedad”, indicó. Según explicó, en el contrato se especificaba que él se hacía cargo de la luz y la propiedad, del agua. “El 5 de mayo cortaron la luz, cambié el suministro a mi nombre y lo arreglé, pero el 27 de mayo operarios de la empresa de aguas se presentaron en la casa para retirar el contador y desde ese día estoy sin suministro”.
Asegura que se las ve y se las desea para atender “a duras penas” a su madre (cuenta con el apoyo del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento). Además, explica que no puede lavar la ropa y calienta el agua de garrafa en una olla para que las trabajadoras municipales laven a su madre, “antes lo hacían todas las mañanas, ahora lo hacen dos veces a la semana, porque no puedo gastar tanta agua”.
El mismo día que los grifos dejaron de funcionar, Jesús denunció el hecho en el puesto de la Guardia Civil de Granadilla y llevó el documento al Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento. Pero los días pasan y reconoce que le atormenta no saber hasta cuándo durará esta situación.
“Ya en diciembre pasado, cuando advertí al Ayuntamiento de que esto podía pasar, la abogada de los Servicios Sociales me dijo que no me podrían cortar el agua ni la luz, así que ahora entiendo que se ha ejecutado una medida que no es legal”, señala, y se pregunta por qué entonces “una empresa contratada por el Ayuntamiento me ha dejado sin agua”. Jesús y su madre ya llevan 14 días sin agua. Y a la espera de un juicio.
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