memoria histórica

Aprobado el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz

La Comisión Técnica de Memoria Histórica aprueba el documento, que ahora sigue su tramitación administrativa; el Ayuntamiento vota en contra al discrepar del procedimiento
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Monumento a Franco en Santa Cruz. Fran Pallero

La Comisión Técnica de Memoria Histórica del Gobierno de Canarias se reunió este lunes para analizar la ponencia encargada sobre la propuesta de catálogo de vestigios franquistas para Santa Cruz. Una reunión en la que se dio luz verde a continuar con la tramitación de este documento con el voto a favor de la mayoría de los asistentes, a excepción del Ayuntamiento de Santa Cruz, cuyos representantes, el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, votaron en contra. Desde el Ayuntamiento capitalino se aclara que no se oponen al contenido, sino al procedimiento seguido, para lo que aportaron un informe jurídico que avala su postura.

En la reunión, presidida por el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se analizó la ponencia realizada por Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.

Una ponencia que, según explicó a DIARIO DE AVISOS el vicenconsejero de Cultura, Juan Márquez, “ratificó todo lo recogido en el catálogo”, manteniéndose, por tanto, los vestigios analizados. “Solo se añadieron algunos escudos que no venían recogidos inicialmente”, como los de las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Además de lo referido por Márquez, la Consejería de Justicia informó de que también se expuso la no inclusión en el catálogo de la revisión de honores y distinciones, al entender que no es propia del documento, ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo.

También se hizo referencia a algunos vestigios concretos, como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó. El informe del Colegio señala que el reconocimiento a Amigó se hace por ser el primer presidente de la institución y que no tiene nada que ver con su etapa como alcalde de Santa Cruz durante el periodo franquista.

Además, apuntan que el busto se encuentra en suelo privado, en los jardines del Colegio, por lo que solicitan que no se incluya en el catálogo.

Más allá de estos apuntes, según explicó el viceconsejero de Cultura, la reunión se celebró en una ambiente “productivo y cordial”, concluyendo con la aprobación por mayoría de esta fase de la tramitación administrativa del catálogo. “Desde la Viceconsejería nosotros seguimos ahora con el trabajo para completar el catálogo con el resto de municipios de toda Canarias gracias al convenio firmado con la ULL. Nuestra intención es que en la próxima reunión de la Comisión Técnica se pueda presentar ya el catálogo correspondiente a Las Palmas de Gran Canaria”.

Preguntado por el voto en contra de Santa Cruz, Márquez señaló que desconoce si el Ayuntamiento de Santa Cruz tomará alguna acción contra esta decisión. “Solo puedo decir que no puede haber más excusas para retirar los vestigios franquistas”, apuntó el viceconsejero, que añadió que, ante la reclamación de la capital de que se debe finalizar el catálogo para toda Canarias antes de seguir su tramitación, “nuestros servicios jurídicos avalan la interpretación que hemos hecho de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, y que es la elaboración de un documento único ampliable, que se ha empezado por Santa Cruz y que se seguirá por el resto”.

Informe jurídico capitalino

Santa Cruz también presentó su propio informe jurídico defendiendo la postura hasta ahora expresada por el alcalde de que, antes de iniciar la retirada de cualquier elemento, es necesario, “porque así lo recoge la Ley”, que se termine el catálogo de toda Canarias. En el citado informe, el primer punto aborda una cuestión relacionada con la propia Comisión Técnica, ya que “la convocatoria de la Comisión que trata este informe pudiera estar viciada y resultar contraria a derecho si no estuvo a disposición de los miembros convocados toda la documentación necesaria del orden del día”.

En un segundo punto añade que “no se corresponde con el mandato de la ley reguladora de la Ley de Memoria Histórica en Canarias la aprobación de documento para la catalogación de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, que no sea un único catálogo en el ámbito territorial canario”.

La tercera y última conclusión del informe es que “tampoco se corresponde con la previsión legal de la aprobación del catálogo y la realización de las demás actuaciones que afecten a la colaboración de los ayuntamientos canarios, sin la existencia de la previa aprobación de una Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias”, es decir, definir el cómo se retiran los vestigios y la financiación para ello.

Fuentes municipales aseguran que, en esta fase, el Ayuntamiento no va a ir más allá del voto en contra expresado este lunes. Sin embargo, no confirman si, durante el proceso administrativo que se abre ahora para la aprobación inicial del catálogo, se tomará algún tipo de acción para frenar su aprobación. También apuntan las mismas fuentes que, visto que hay dos posturas jurídicas contrapuestas, lo lógico sería que un tercer organismo dirimiera cuál predomina.

El Ayuntamiento de Santa Cruz insiste en que cumplirá la ley, pero quiere hacerlo con todas las garantías jurídicas y evitar cualquier tipo de reclamación que vaya contra los intereses municipales, puesto que esas diferencias de interpretación, defiende, podrían abocarlo a algún tipo de litigio no deseado.

El consejero de Justicia, por su parte, explicó que, con el acuerdo adoptado, se logra el objetivo que se pretendía, que es cumplir la ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo tras “un debate sereno, detenido y constructivo”, como ocurrió este lunes.

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