sociedad

Canarias destinará 29 millones para combatir la despoblación rural

Esta ayuda está enfocada a los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes
Despoblación rural

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destinará hasta el final de la legislatura 29 millones de euros al programa para combatir la despoblación rural con el que pretende fijar población en este entorno a través de ayudas que faciliten el acceso a una vivienda.

Este departamento ha publicado en el BOC la adenda de modificación del convenio de cooperación suscrito por el Instituto Canario de la Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para renovar por segundo año el programa de subvenciones para combatir la despoblación del medio rural incluido en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

La Consejería destinará una nueva partida de 14.529.696 euros este año, la misma cantidad que se dedicó el año pasado a la primera edición de estas ayudas, fondos que pueden utilizarse para subvencionar alguna de las cuatro líneas estipuladas en el programa.

El programa contra la despoblación rural

Estas líneas son la adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles con el objetivo de aumentar el parque público para el alquiler en los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes.

Una nota de la Consejería indica que esta ayuda está enfocada a los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes que se encuentran recogidos en el convenio de cooperación suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y la FECAM, que es quien gestiona este programa incluido en el plan de Vivienda 2020-25 y que se desarrolló por primera vez el año pasado.

Con la renovación de este programa de ayudas un año más, la Consejería habrá invertido al finalizar la Legislatura más de 29 millones de euros en subvencionar a los ayuntamientos menos poblados del Archipiélago a fijar a su población y evitar las fugas de habitantes a las grandes ciudades.

Este presupuesto se ha distribuido entre todos los municipios atendiendo a criterios de población, así como en función del número de demandantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y un criterio fijo basado en la solidaridad intermunicipal, garantizando así un reparto equilibrado del fondo presupuestario, afirma la nota de la Consejería.

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