El Partido Popular de Tenerife presentó sus alegaciones al borrador del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, en las que asegura que se trata de “un documento nulo de pleno derecho”, por lo que insiste en pedir al Gobierno de Canarias “que cese en su empeño de continuar con el proceso de tramitación de este documento, que necesariamente debe anularse, e iniciar otro para el que se garantice un correcto proceso participativo, que surja de la voluntad de diálogo y del debate social”.
El presidente y el vicesecretario de presidencia del PP de Tenerife, Emilio Navarro y Lope Afonso, respectivamente, fueron los cargos que suscribieron las alegaciones presentadas, que comienzan con la consideración de que “el PRUG es un documento nulo de pleno derecho”, argumento que motivan en el hecho de que “según lo que establece la normativa, el borrador del PRUG a evaluación ambiental estratégica (de carácter más exhaustivo), y, sin embargo, nos encontramos ante un documento que ha sido sometido a un tramitación ambiental simplificada, sin que esté debidamente justificada esta elección”.
Los populares piden en las alegaciones presentadas “la declaración de nulidad del procedimiento de evaluación ambiental simplificada del PRUG, y, por lo tanto, la necesidad de iniciar un nuevo documento que se tramite por el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, y se someta a un auténtico proceso de participación pública, con todos los sectores que pueden verse afectados en su actividad por el contenido del instrumento, y por la sociedad tinerfeña en general”.
El PP tinerfeño denuncia “la actitud sectaria del Gobierno canario con la tramitación de este documento, que pone por encima del interés común la imposición ideológica con respecto a la conservación del entorno del Parque Nacional”.
El presidente de los populares, Emilio Navarro, reivindicó que “nosotros apostamos por la conservación, pero nunca desde la óptica de la imposición y de la prohibición”, a lo que agregó: “La obligación de la administración pública es gestionar, y la prohibición por la que ha optado el Ejecutivo autonómico es la última opción”.
Con respecto a las prohibiciones relacionadas con las diferentes actividades que se desarrollan en el Parque Nacional, el PP afirma que “ni una sola de esas restricciones se ampara en criterios científicos o técnicos” y, como ejemplo, citan “la eliminación de la escalada como actividad tradicional, los impedimentos al ejercicio de la actividad cinegética o la apicultura, o los criterios en relación al veto de prácticas deportivas o la producción cinematográfica”.
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