IUC propondrá medidas para acabar con la especulación en el Valle de Aridane

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane presentó una moción, que se debatirá en Pleno mañana, en la que se insta “a los gobiernos de España y de Canarias a que en el ámbito de la Comisión Mixta para la Recuperación y Reconstrucción de la Isla se articulen los trámites administrativos y medidas legislativas que sean necesarias para regular los precios del alquiler en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte”, explicaron ayer en un comunicado de prensa.

Desde IUC “denunciamos cómo, transcurrido un año del comienzo de la erupción volcánica, el acceso a una vivienda por parte de aquellos que la perdieron o que se encuentra en zona de exclusión ha sido uno de los principales problemas que no han resuelto en este tiempo las administraciones implicadas en el llamado proceso de reconstrucción”, afirman, en referencia a una de las demandas esgrimidas a lo largo de los últimos meses por parte de los colectivos.

“La problemática del acceso a la vivienda en nuestro municipio, y por extensión en el Valle de Aridane, no es consecuencia del volcán. La ausencia durante décadas de políticas públicas que permitieran la construcción de nuevas promociones de vivienda pública, la adquisición de inmuebles ya construidos, la salida al mercado del alquiler de aquellas que se encontraban vacías o la regulación de la instalación de viviendas vacacionales, ha generado un escenario caracterizado por una limitadísima oferta y unos precios inalcanzables para la mayoría de personas”, dicen.

A juicio de IUC, “una de las medidas imprescindibles para cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda pasa por la regulación del precio de los alquileres en los municipios afectados por el volcán, es decir en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, donde en los últimos meses se ha asistido a un aumento exponencial de los escasos inmuebles que se ofertan para el arrendamiento”.

Para el partido que lidera Felipe Ramos en la Isla, se trata de aplicar medidas extraordinarias ante circunstancias excepcionales, articulando legislativamente un procedimiento que permita frenar la especulación existente en el precio de los alquileres en estos municipios. “Les corresponde a los gobiernos de España y de Canarias articular legislativamente esta propuesta, pero somos los representantes de la ciudadanía en los municipios afectados quienes debemos plantear propuestas que solucionen la grave situación en la que se encuentran” quienes quieren alquilar.