El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la modificación de la ordenanza y de las bases de acceso que regulan el conocido como IBI social para suprimir la limitación al valor catastral fijada en 2018, un tope que impide llegar a centenares de familias que necesitan esta aportación municipal por su situación económica. Así lo ha acreditado el Área de Bienestar Social, que ha impulsado esta modificación para actualizar estas ayudas a la realidad local y ampliar tanto las cuantías, como el número de personas beneficiarias, conforme a criterios de necesidad social.
Esta modificación, que no ha recibido alegaciones durante el periodo de exposición pública, se elevará al Pleno municipal en octubre para su aprobación definitiva y entrada en vigor en la convocatoria del año que viene, ya que la de este ejercicio, para la que se incrementó la partida económica en un 25% y que habilita hasta 300 euros por persona beneficiaria, está ya en fase de adjudicación.
“Los restrictivos criterios y los límites en los valores catastrales aprobados en la norma de 2018 demostraron ser ineficaces desde el inicio, hasta el punto de que, sobre la expectativa de 1.500 personas beneficiarias que se anunció inicialmente, solo una veintena pudo acceder a esta ayuda social en su primer año”, lo que ha supuesto que muchas de las personas ni siquiera se presenten a la convocatoria, dificultando al Área contar con una valoración de la demanda real, explicó el concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio. Con esta modificación, “suprimimos la limitación del valor catastral y adaptamos los requisitos a los que ya se estipulan en la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Sociales Municipales, facilitando que los vecinos y vecinas que cumplan con las condiciones socioeconómicas puedan acceder a esta medida de apoyo. Este es un cambio sustancial y que nos permitirá llegar a muchas más familias”, aclaró el edil.
Aún teniendo en cuenta que no se dispone de datos precisos acerca de posibles beneficiarios y beneficiarias, desde Bienestar Social se estima que aproximadamente el 40% de las 12.000 personas usuarias anuales de los servicios sociales son propietarias de vivienda, además de aquellas que, sin ser usuarias, podrían beneficiarse de esta ayuda social.
Cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó, en septiembre de 2020, bajar el IBI a las familias y empresas del municipio ante las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria.
