La decisión de la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias de rechazar una subida de la tarifa del agua en Santa Cruz de casi el 8% obligará al Ayuntamiento a revisar los términos del acuerdo alcanzado con Sacyr (accionista mayoritaria de Emmasa) para reformular el plan de inversiones y la devolución del canon, en el que también se recogía la subida de tarifas. “Nos volveremos a sentar con ellos y estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento”, apuntaba ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
El alcalde defendió que “lo importante es que ese acuerdo se ha producido y que queremos una Emmasa que preste el mejor servicio posible con unas cuentas cuadradas. No podemos olvidar que formamos parte de Emmasa y queremos que esté saneada, y en ese sentido estoy convencido de que llegaremos a algún tipo de entendimiento”. Hay que recordar que el acuerdo con Sacyr recoge que el Ayuntamiento debe compensar a la empresa en caso de que se rechazara la subida de tarifas.
En cuanto a la decisión de la Comisión de Precios, que si bien rechaza un aumento del 7,9%, sí estima que esa subida sea del 2,5%, el alcalde defiende que es una decisión que da la razón al Ayuntamiento. “En principio la Comisión le da la razón al Ayuntamiento en el sentido de que reconoce que es necesario modificar la tarifa del agua. Con independencia del porcentaje o los números que hayan hecho, y que vamos a estudiar con detalle, se ha reconocido que la tarifa no se toca desde 2012, y que, evidentemente, el incremento de los costes de la energía hace necesario actualizar la tarifa”.
Hernández
Ayer la exalcaldesa socialista Patricia Hernández avanzaba que, tras hacerse público el informe de la Comisión de Precios, exigía al Ayuntamiento la paralización del “tarifazo” y la rectificación por parte de un equipo de gobierno que “vela más por los intereses de la empresa Sacyr que por los de la ciudadanía de Santa Cruz”.
La postura defendida por Patricia Hernández, apunta el PSOE, coincide con las sentencias dictadas tras dos contenciosos de Sacyr contra el Gobierno de Canarias (2018) y el Ayuntamiento de Santa Cruz (2022), donde se detalla que las tasas de agua no pueden ser incrementadas en base al IPC. En este sentido, Hernández apunta que, si es necesario, acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para obtener una nueva sentencia que paralice la subida.
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