El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que no autoriza al Ayuntamiento de Icod de los Vinos a celebrar una consulta popular sobre el tipo de arena a usar para la recuperación de la playa de San Marcos.
El alcalde, Francis González, anunció en febrero de este año que solicitaría el permiso al Gobierno central, dado que consideró que la ciudadanía se tiene que posicionar en este asunto y encargó al departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) un informe en el que se determinen algunas cuestiones relacionadas con los términos legales en que se debe plantear la solicitud para conseguir la autorización.
La negativa se argumenta en que la cuestión planteada entra dentro del concepto de la recuperación de las playas, materia de competencia estatal en los términos del artículo 111.1 de la Ley de Costas, cuando señala que “tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado”, entre otras, “creación, regeneración y recuperación de playas”. En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento General de Costas.
Por su parte, la Ley Orgánica 1/2018, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general, la atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en coordinación con las entidades locales, y el informe previo de la Comunidad Autónoma sobre la ejecución de obras de interés general en el litoral canario”. Además, el traspaso de funciones y servicios de ordenación y gestión del litoral del Estado a Canarias no tendrá efectividad hasta el 1 de enero de 2023.
De todo ello, el Consejo de Ministros deduce que el objeto de la consulta popular no ha de considerarse un asunto de competencia propia municipal y no se cumple, por tanto, el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por lo tanto, no se puede autorizar.
Francis González advirtió de que, en caso de no otorgarse el permiso, “se utilizarían otros mecanismos para conocer la opinión de los icodenses”. A comienzos de agosto, y quizás previendo la negativa, dado que hay muy pocos ejemplos de consultas populares en ayuntamientos, el grupo de Gobierno realizó una encuesta vecinal para conocer la opinión de los vecinos sobre este asunto en la que apenas participaron 1.080 personas.
El PSOE considera que la negativa desacredita a Francis González
El PSOE de Icod de los Vinos reconoce que la negativa del Consejo de Ministros ha desacreditado al alcalde, que “nunca tuvo razón en su argumentación y ha tirado el dinero solicitando un informe a la Universidad de La Laguna que costó 5.000 euros, cuando el entonces secretario municipal estableció en su documento que no cabía la consulta por no tratarse de una materia exclusiva del Consistorio”. Para el edil socialista Gerardo Rizo, la actuación de González en relación a la recuperación de San Marcos “ha sido la de entorpecer todo lo posible para que el Gobierno de España y el de Canarias puedan llevar a cabo la reposición de arena de tipo machaqueo que es lo más viable y rápido en este momento, teniendo en cuenta que no existen informes de evaluación ambiental para el uso de arena del fondo marino y esto retrasaría la recuperación casi dos años, cuando Gestur está a punto de entregar el proyecto de ejecución”.
