El caso Mascarillas se fraguó con fondos propios del Servicio Canario de la Salud (SCS) y no de procedencia europea, como pensaba la Fiscalía Europea al solicitar al juzgado de instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria que le traspasara todas las diligencias practicadas.
Aunque, como ya informó esta misma semana este periódico, fuentes del Gobierno de Canarias ya habían transmitido su impresión de que los cuatro millones de euros abonados para conseguir un material sanitario que finalmente nunca llegó a las Islas no eran fondos procedentes de la Unión Europea, un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS despeja cualquier duda a este respecto.
La conclusión del órgano en cuestión, que entre las obligaciones que le corresponden por la legislación vigente está el control interno de la gestión económico-financiera y la evaluación de las políticas públicas, no puede ser más contundente, como se refleja al final de dicho documento: “El perjuicio patrimonial ocasionado al Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con los importes recogidos en las resoluciones de autorización de los libramientos a justificar nº 1392/2020, de 7 de agosto, y nº 1819/2020, de 30 de octubre, y efectivamente abonados, por importe de 2.000.000,00 euros cada uno, es de 4.000.000,00 euros de fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Los motivos por los que el SCS recurrió a fondos propios en vez de a los europeos -justo en este caso- siguen sin aclararse.
El caso Mascarillas, hoy investigado por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, versa sobre el gasto de esos cuatro millones de euros en beneficio de una empresa denominada RR7 (dedicada a la compraventa de coches), para que, en los peores momentos de una pandemia que sorprendió a las autoridades de todo el planeta sin los recursos necesarios a la hora de afrontarla, proteger a los sanitarios, mediante la adquisición por el citado importe de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales de las Islas.
Ello degeneró en un mercadeo indecente a nivel mundial de los suministros en cuestión, a tal punto que, por citar un ejemplo cercano, Canarias se vio obligada a contratar personal de seguridad para la custodia de un envío desde China que, en su escala en Barcelona, representantes de los Países Bajos intentaron desviar por la expeditiva vía de los hechos consumados -felizmente sin éxito para los intereses de los sanitarios isleños- hacia su país.
Pero lo que hoy nos ocupa es el citado informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, elaborado precisamente a instancias del citado juzgado que dirige las pesquisas para averiguar por qué ese dinero se gastó sin la correspondiente contraprestación (la entrega de las mascarillas), y cuyo contenido tiene una trascendencia procesal nada baladí, por cuanto la Fiscalía Europea, al entender que los cuatro millones habían salido de los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), había reclamado ejercer la acusación pública en sustitución de los representantes de dicho ministerio público español en las Islas.
A este respecto, resulta de particular interés un dato. Como no podía ser de otra manera y a pesar de tener una constancia fehaciente sobre la veracidad del informe de la Intervención General de la CC.AA. que nos ocupa, este periódico se puso ayer en contacto con el Gobierno de Canarias para recabar impresiones al respecto. Su respuesta fue tajante a la hora de negarse a realizar comentario alguno sobre el asunto en aras de no entorpecer el trabajo que se lleva a cabo en el juzgado, pero sí que reconoció a DIARIO DE AVISOS que, por mucho que se confirme que los cuatro millones hayan salido finalmente de las arcas canarias propias, ello no resta importancia a su interés a la hora de velar por el buen uso de los mismos, además de confiar en que las diligencias judiciales lleguen a buen término a la hora de dirimir las responsabilidades oportunas si así fuera menester.
El interés de la Fiscalía Europea por el caso Mascarillas canario no obedece a una particular fijación por lo sucedido en las Islas, sino a la labor que despliegan para comprobar lo sucedido en esos tiempos de tanta premura por dotar a los sanitarios de una mínima protección ante el imparable avance en 2020 de la COVID-19.
Por ejemplo, en Madrid hacen lo propio respecto a un escándalo similar relacionado con el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
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