El candidato del Partido Popular (PP) al Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la cabeza de lista a la Alcaldía del Puerto de la Cruz por Coalición Canaria (CC), Sandra Rodríguez, son investigados por la Fiscalía Anticorrupción por un caso de presunta prevaricación en la contratación de un trabajador de la empresa pública Pamarsa, quien estuvo presuntamente involucrado en el robo de maquinaria en el Lago Martiánez.
Los hechos, que ayer adelantó la Cadena Ser, se remontan a marzo de 2018, cuando ambos tenían responsabilidad en el Gobierno municipal -el primero, como alcalde y la segunda, como concejala de Hacienda y Patrimonio Histórico- y se produjo un robo en las instalaciones por parte del entonces encargado de la empresa pública Pamarsa, responsable del mantenimiento y la limpieza de las mismas, quien luego fue despedido debido a que no consiguió aportar pruebas que demostraran su supuesta inocencia.
Este hecho originó un enfrentamiento entre ambas partes y un procedimiento judicial contra el trabajador en el que participó como denunciante Sandra Rodríguez, que, a su vez, dieron lugar a una nueva denuncia por parte de la Fiscalía al detectar que existían irregularidades en su contratación.
El caso llegó al Juzgado de Instrucción Número 2 del Puerto de la Cruz y tras la diligencias fue archivado en instrucción. Sin embargo, el asunto se ha reabierto en estos días al entender la Fiscalía que sí existen indicios de delito por presunta prevaricación por parte de Afonso y Rodríguez.
En declaraciones a este periódico, el candidato del PP confirmó que interpondrá un recurso contra el auto que reabre el procedimiento y se mostró tranquilo, porque, argumentó, su participación fue y sigue siendo “la única que he tenido como presidente de la empresa pública, que era firmar los contratos laborales”. Así, Lope Afonso confía en que este asunto quede lo suficientemente zanjado lo antes posible y así también lo espera Sandra Rodríguez.
Cuatro años atrás, la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) -actualmente en el Gobierno- exigió a PP-CC que hiciera público el procedimiento y los motivos por los que había nombrado encargado de Pamarsa en el Lago Martiánez al trabajador despedido.
El portavoz de la ACP, David Hernández, sostuvo que la investigación “no se podía limitar a la identificación y el despido de los autores de los robos”, sino que “se debía llegar hasta el final para depurar todas las responsabilidades”.
En este sentido, consideró que el grupo de Gobierno “tenía la obligación de explicar quién realizó la designación, qué méritos acreditaba esta persona, qué funciones concretas desempeñaba y cuánto cobraba de más por realizarlas”.
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