Parece mentira, pero desde 2009 los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han visto cómo los sucesivos gobiernos de España han ido elevando su carga de trabajo con promesas de que serían compensados al respecto, ya fuera con un aumento de salario o, como recordaba ayer a este periódico una de las afectadas, con al menos una compensación en las condiciones laborales a la hora de hacer frente a semejante ampliación de su labor. Sin embargo, los incumplimientos de tales promesas han sido flagrantes, y de ello hay constancia sobrada por escrito. Por ello es la ciudadanía, fundamentalmente, la que padece de lleno esta notable crisis en la Administración de Justicia, y que ayer en provincias como la de Santa Cruz de Tenerife, la reactivación de las protestas por parte de los LAJ provocaron la suspensión de decenas de juicios, así como una miríada de suspensiones de otros actos judiciales.
Según los convocantes, el paro de ayer fue secundado por el 62% de dichos letrados en esta provincia. Por su parte, según datos facilitados por la Secretaria de gobierno del TSJC de los 218 letrados activos en Canarias, han ido a la huelga un total de 62 mientras que no han secundado la huelga 95 letrados. Los servicios mínimos han sido cubiertos por 52 letrados.
“Somos los primeros que lamentamos vernos obligados a tener que recurrir a la huelga, especialmente porque los usuarios de la administración de Justicia son los directamente afectados, -explicó ayer la portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, Esperanza Torregrosa-, por mucho que nosotros también vemos cómo el trabajo que no hemos podido resolver se nos acumula, pero lo que queremos es que el Ministerio de Justicia cumpla con los acuerdos a los que llegamos con la anterior huelga en los meses de enero y febrero de este año. No pedimos un aumento salarial -insistió- sino una adecuación a las constantes funciones y responsabilidades que hemos asumido a lo largo de los años”.
Otro dato nada baladí y que -sostiene este colectivo.- tiene mucho que ver con semejante fracaso en un servicio tan fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho, radica en que los LAJ aseguran que, para la defensa de sus derechos, es imprescindible que los mismos se negocien con independencia de los de los funcionarios del sector. Para hoy está convocada otra jornada de huelga, que será indefinida a partir del próximo enero si no se pone remedio.
Los interinos del sector presentan un preaviso de huelga inminente
La central sindical CSIF ha presentado preaviso de huelga indefinida para el próximo día 7 en representación de los funcionarios interinos de Justicia al no entender por qué “han sido inexplicablemente excluidas de la convocatoria de estabilización realizada por la Comunidad Autónoma”, según aseguran.
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