Hay que alargar la permanencia de los jóvenes con discapacidad en los centros más allá de los 21 años

El Consejo Escolar de Canarias observó en la elaboración del informe específico sobre equidad e inclusión en el acceso al sistema educativo en las islas que el 70% de los alumnos con necesidades educativas especiales se queda en el limbo una vez culmina la etapa de educación básica. La coordinadora del informe, Isabel Gómez, indicó que ese alto porcentaje del alumnado “desaparece” una vez sale del sistema educativo en el que “tanto hemos luchado por ellos y mimado para que tengan una vida digna”.

Una minoría de los alumnos de aulas Enclave o de Centros de Educación Especial continúan sus estudios en Bachillerato o Formación Profesional; por tanto, reclamó “reforzar la formación del personal que los atiende, reducir las ratios y mejorar la conciliación familiar”. Pidió “ahondar en su tránsito a la vida adulta” una vez salen del sistema educativo, y “mejorar la coordinación” con las entidades que trabajan en su inserción laboral.

Las entidades vinculadas a las personas con discapacidad están exigiendo desde hace tiempo que la atención a las mismas “tiene que reconducirse y alargar el periodo de permanencia en los Centros de Educación Especial más allá de los 21 años”, edad en la que “se deben ir a casa porque el sistema los excluye, discrimina y segrega”.

Mayor permanencia

Ana Mengíbar, de la Plataforma Queremos Movernos, afirma que “no pueden decir que ya está, se acabó su formación. Hay jóvenes que su aprendizaje es lento y algunos no llegan, siquiera, a conseguir tener habilidades que les permitan desarrollar una vida diaria autónoma en condiciones”. “Esto no quiere decir que no tengan capacidad para lograrlo, sino que van a un ritmo distinto de aprendizaje”. Insiste en que “no todas las vidas pasan por la Universidad, pero tienen derecho a la formación hasta el límite de sus capacidades”.

Educación aboga por seguir formándolos para el trabajo y así podrían desarrollar una vida plena. “Sin embargo, no todos pueden hacerlo” y es necesario que “continúen” en el sistema educativo hasta que lleguen al límite de su capacidad.

Una de las soluciones para las personas con discapacidades menos severas serían “los programas de tránsito al empleo con apoyo, una figura con beneficios para el empleador y el empleado”. “Lo que no puede ser es que tampoco haya plazas en los centros ocupacionales. Entonces, ¿qué hacemos con estos chicos?”, se cuestionó.

Mengíbar lamenta que “se legisla y se intenta la inclusión desconociendo la discapacidad, y no se reconoce que un niño con una discapacidad intelectual o problemas del desarrollo no se puede equiparar a uno sin discapacidad”. Denuncian que el escaso número de personas con discapacidad que logran trabajo “tiene como responsable a la Consejería de Educación, porque no entiende que tienen otras capacidades y ritmo de aprendizaje. Debe apostar por una formación para el empleo de verdad”.

Los expertos consideran que hay que erradicar la percepción de que son perceptores de pensiones, cuando en muchos casos no es así. En este sentido, hay que promover su derecho al empleo, a una formación y a reconducir su vida y desempeñar una actividad en la que puedan desarrollar sus capacidades. Las familias deben tener más información y necesitan apoyo para fomentar programas de formación y empleo.