La huelga que con carácter indefinido cumplió ayer su segunda jornada y que secundan la mayoría de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), ya empieza a tener pésimas consecuencias en la economía de los canarios, como a buen seguro tiene lugar a nivel estatal.
Como no podía ser de otra manera, habida cuenta unos servicios mínimos que por otra parte los LAJ consideran excesivos, no contemplan apenas los juzgados de la jurisdicción social, civil y mercantil, justo donde no pocas empresas y particulares ven desde el pasado martes retenidas notables cantidades económicas a su pesar.
Ello se debe a que el relevante seguimiento de un paro tan grave como el que nos ocupa ha paralizado cientos de actos judiciales (no pocos de ellos juicios) solo en los tribunales canarios y, por ende, las cantidades económicas en juego por motivos, tales como, por ejemplo, consignaciones, concursos de acreedores o compraventas, sufren ahora un retraso inesperado que sin duda complica las previsiones sobre sus finanzas.
Lo cierto es que la huelga de los LAJ se antoja permanente y alcanzará mayor gravedad si llega al 1 de febrero, cuando se terminen los permisos y vacaciones actualmente en vigor, pese a lo cual las negociaciones para poner fin a la misma siguen brillando por su ausencia ante el enconamiento de las partes por un conflicto que encuentra su origen hace dos lustros.
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