La Plataforma de Afectados por la Erupción Volcánica de Cumbre Vieja 2021 se encuentra en la actualidad inmersa en el análisis del borrador del decreto ley referido a la reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas por el volcán y la propuesta de ordenación de las coladas.
Este colectivo, que es el que aglutina a un mayor número de personas afectadas por esta catástrofe, afirma que las próximas semanas serán cruciales para decidir las reivindicaciones que los damnificados harán valer ante las Administraciones públicas.
A su juicio, la propuesta que el Gobierno canario ha puesto sobre la mesa genera discrepancias sobre los usos que se le quiere dar al nuevo suelo bajo el que quedaron sepultadas las propiedades de miles de personas, y “existen muchas dudas sobre los procedimientos previstos (permutas de suelo residencial y concentración parcelaria agraria), las garantías de recibir el valor de lo perdido, el tiempo en que se tardará para disponer de suelo donde volver a cultivar y urbanizado donde edificar los nuevos hogares, así como sobre las ayudas para que reconstruir las viviendas sea posible a quienes lo perdieron todo”. La plataforma recomienda a los afectados que asistan a las reuniones públicas que traten estos temas y que se integren en asociaciones donde puedan asesorarse y formar un frente común con otros damnificados.
“Todo ello es necesario para que tanto de manera individual como colectiva se presenten en las próximas semanas las alegaciones oportunas con el fin de que los decretos ley que está preparando el Gobierno canario respondan a la voluntad de quienes sufren esta catástrofe y puedan servir realmente para recuperar los proyectos de vida de tantas miles de familias”, asegura la plataforma.
Reivindicaciones
La plataforma anuncia que seguirá insistiendo en la necesidad de medidas legislativas como la reforma de la Ley de Expropiación de 1954, para que las propiedades se paguen al precio que tenían antes de la erupción, así como una Ley del Estatuto Jurídico de Afectado por la erupción, para garantizar los derechos de orden económico, urbanístico, social y de dignidad personal, y la entrega de las grabaciones, actas e informes de las reuniones de los comité director y científico del plan de emergencias (Pevolca) antes de la erupción, entre otras medidas.