El informe elaborado por la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Canarias) es el termómetro sobre el estado de la economía familiar en la sociedad canaria. En sus 12 ediciones, la tasa Arope se ha convertido en el indicador de la población que se encuentra en riesgo de pobreza, en pobreza severa o en situación de privación material estricta. En abril habrá un adelanto del documento que se conocerá el 17 de octubre, Día para la Erradicación de la Pobreza. El Archipiélago padece una pobreza cronificada y estructural, es líder en pobreza severa en España, con un 16,8% de la población, alrededor de 365.000 personas que tienen ingresos inferiores a los 450 euros. Junto con Andalucía y Extremadura encabeza las listas de personas en situación de exclusión social, con el 37,8%, unas 822.000 personas. Hay que verificar si, como parece, la reducción de 29.000 personas en pobreza severa en Canarias en 2021 se debe a un cambio de tendencia o al escudo social de todas las medidas que han puesto en marcha los Gobiernos autonómico, estatal y la Unión Europea para amortiguar los efectos sociales y económicos de la crisis de la COVID. Sin embargo, actualmente la situación de la vivienda es compleja, con altos precios de compraventa, alquiler y los índices hipotecarios, unos impagos que están aumentando, al igual que los desahucios y que se suman a la falta de vivienda pública, porque hay 21.000 canarios esperando. La oferta no cubre la demanda y hay una falta de control del Gobierno en su parque residencial. El vicepresidente de EAPN Canarias y responsable de Provivienda en las Islas, Fernando Rodríguez García, destaca que “nos encontramos en una situación de emergencia residencial”.
-¿Cómo está la situación de la vivienda en Canarias?
“Hay una situación de crisis o de emergencia residencial diría ya, en toda España y especialmente en Canarias, donde están siendo más contundentes las consecuencias, sobre todo porque nos encontramos con el problema, el de los altos precios de la vivienda en general. Hasta ahora había sido el alquiler, pero ya empezamos a notar también el aumento del precio de la compraventa y el del índice hipotecario. El informe de los registradores de la Propiedad dice que los impagos hipotecarios están aumentando, o sea, si en la última década hubo unos vasos comunicantes y a medida que bajaban los índices hipotecarios subían los impagos de alquiler y los desahucios, ahora han vuelto a aumentar los desahucios hipotecarios, claramente un signo del aumento del Euribor. Y dentro del contexto de la pobreza y exclusión social en Canarias, el impacto es más considerable”.
-Se acaban las moratorias…
“La suspensión de los lanzamientos en materia de alquiler está prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2023, al igual que la de los cortes de suministros, mientras que el periodo de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual de vulnerables y el hecho de no poder subir más allá del 2% del IPC los alquileres se extienden hasta el 30 de junio. Lo que pasa es que cuando analizamos estas cuestiones y vuelve a aumentar el número de desahucios por alquiler y están en alza los lanzamientos hipotecarios, a pesar de todas estas medidas de escudo social destinadas a familias vulnerables, nos damos cuenta de que quizás se están produciendo las pérdidas de vivienda en familias que no tenían la calificación de vulnerables, es decir, personas con ingresos, los trabajadores pobres que, a pesar de que no están en el umbral de pobreza y no se consideran vulnerables, sí que tienen grandes dificultades para pagar la vivienda. Las personas que ganan 1.000 o 1.100 euros están fuera del umbral de la pobreza, pero ¿cómo van a pagar un alquiler que está en una media de 600 a 800 euros? No pueden vivir con 400 euros. Eso es lo que está sucediendo en una gran parte de estos lanzamientos de alquiler e hipotecarios en familias y personas que tienen ingresos, pero no son suficientes para pagar la renta”.
-Llevábamos años sin un plan ni políticas concretas.
“En primer lugar hay que decir que ahora tenemos un buen plan de vivienda y es una buena noticia, porque desde el año 2012 hasta el 2020 no teníamos ninguno. En 2020 se firmó el Pacto por el Derecho a la Vivienda Digna, donde participamos los agentes que tenemos que ver con la vivienda, el tercer sector, agentes sociales, la FECAI, la FECAM, el sector de la construcción, etcétera. Firmamos un buen pacto y fue el germen de la creación del plan de vivienda canario que tenemos ahora. El problema es que llega ocho años tarde, tras un vacío absoluto donde no hubo políticas de vivienda y fue aumentando el número de personas en el registro de demandantes. Cualquier cosa que se haga ahora no tendrá un impacto rápido para solucionar el problema de la vivienda, vamos a tardar muchos años en lograr una situación adecuada”.
-¿Por qué las viviendas públicas son escasas en Canarias?
“Efectivamente, en Canarias el parque público apenas llega al 1% del total del parque de vivienda residencial, mientras que la media del país es del 2,5%, no es muy alta, pero en Europa alcanza el 10% de media y algunos países tienen el 15% de vivienda pública social con respecto al parque residencial total. Tenemos un parque muy escaso, apenas son 18.000 viviendas y es imposible poder absorber toda la demanda (unas 21.000 personas) que, al no tener alternativa en el parque público, tiene que acudir al mercado libre que ya de por sí es escaso y que ha aumentado los precios por ley de oferta y demanda. Nos encontramos en una situación de emergencia residencial y tenemos que poner en marcha políticas y medidas urgentes a corto plazo y otras de carácter estructural, porque los problemas de la pobreza y exclusión social y de la vivienda en Canarias no son coyunturales, ni una cuestión de la crisis del COVID, ni siquiera de la del 2008, viene de muchos años atrás. Como se ha convertido en un problema estructural, con tantas aristas y multidimensional, necesitamos una batería de medidas múltiples”.
-Hay 130.000 vacías. ¿Se podría movilizar una parte?
“Una de las demandas que planteamos es el derecho de tanteo y retracto en la ley de vivienda de Canarias y dentro de la ley estatal que está en tramitación. Sobre la movilización del parque de vivienda vacía desocupada, si de esas 130.000 pudiéramos contar con 30.000 o 50.000 viviendas, se podría cubrir una gran parte de la demanda. En Canarias tenemos un territorio cada vez más escaso y vamos a tener problemas de suelo para poder seguir construyendo; por tanto, hay que apostar por la rehabilitación y movilización del parque vacío para proveer de viviendas asequibles al mercado. Además, no es lo mismo generar promociones de viviendas sociales nuevas concentradas en un mismo lugar, que estén repartidas en barrios y comunidades ya existentes; podemos favorecer la inclusión social y evitar ejemplos como los de Añaza o Jinámar. Una de las medidas por las que venimos apostando en Provivienda es la creación de las bolsas de vivienda y con una serie de incentivos y ventajas al propietario, como garantizarle la puntualidad y el pago de la renta o su buena conservación, para que pueda ponerla en alquiler social o asequible”.
-Acusan a Visocan de no vigilar y controlar su parque público.
“Es una cuestión a mejorar, necesitamos una mayor vigilancia y control del parque público de vivienda. Lo que está sucediendo es que muchas veces los adjudicatarios iniciales, los que cumplían esos requisitos para acceder, ya han dejado de tener esa condición y, por tanto, esa vivienda podría haber sido recuperada para segundas o posteriores adjudicaciones a las familias que las puedan necesitar. Hay muchas viviendas donde el titular ya no es el que firmó el contrato, ha sido cedida a otra persona o ha sido subarrendada, algo que no está permitido. También hay un gran número de adjudicatarios en morosidad. Creemos que no se hace esa labor de vigilancia y control por falta de personal y músculo administrativo. Es una cuestión que hay que corregir porque no tiene capacidad para llevar el control y vigilancia del parque público de vivienda. También hace falta una mayor concienciación de las personas que reciben una vivienda pública social y, cuando su condición de exclusión acaba, devuelvan la vivienda para que pueda ser utilizada por otras personas. Hay un convenio entre el Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Visocan y Provivienda para el denominado Canarias Pro-Hogar; son viviendas que adquiere Visocan del mercado libre, que rehabilita y las pone dentro de este programa para familias en situación de vulnerabilidad residencial o víctimas de desahucio. Habrían unas 40 o 45 viviendas en rehabilitación y cuando se terminen las obras en este primer o segundo trimestre van a ser inmediatamente ocupadas por las familias derivadas desde los servicios sociales municipales”.
-¿Disminuirán en el próximo informe los datos de pobreza?
“Desde que llevamos haciendo el informe hace 12 años venimos observando que Canarias no deja de encabezar el pódium de las comunidades con mayor pobreza general o relativa junto con Andalucía y Extremadura, casi el 38% de la población 822.000 personas en términos absolutos. Pero nos preocupa aún más la pobreza severa, estamos a la cabeza con un 16,8%, 365.000 personas cuyos ingresos en la unidad familiar son inferiores a 454 euros al mes. Ahí está fallando obviamente todo el sistema, el productivo, el económico, el reparto de la riqueza, etc. No se puede producir esta brecha de desigualdad entre los más pobres y los más ricos. Es verdad que este último año hubo una ligera reducción de casi 30.000 personas, pero no sabemos si es un cambio de tendencia. Creemos que la causa ha sido por las medidas de escudo social que se han puesto en marcha en la COVID, como la suspensión de los desahucios, la suspensión del corte de suministros, los ERTE y los ERE, y otras subvenciones y ayudas. El incremento de pobreza hubiera llegado a alcanzar un 45% sin esas medidas. Nos preguntamos qué ocurrirá el día que acaben todas estas medidas de escudo social. Por ejemplo, en las suspensiones de desahucios de alquiler o la de los cortes de suministro, no estamos hablando de condonación de la deuda ni de evitar que en el futuro esas familias tengan que reintegrar ese dinero”.
-¿Cómo se puede revertir?
Tenemos un decálogo de medidas concretas. Una de ellas es una renta de inserción, que por fin se ha conseguido y hay que ver ahora cómo evoluciona y se implementa la Renta Canaria de Ciudadanía, que haga que todas esas personas que se encuentran en pobreza severa, los que cobran 454 euros, puedan salir y pasen a una situación de ingreso mínimo. También reclamamos medidas fiscales y políticas más redistributivas en el reparto de la riqueza, cuestiones como una política de vivienda más inclusiva, que tengan en cuenta también situaciones como el sinhogarismo y las viviendas precarias que generan condiciones de insalubridad o pobreza energética. Proponemos el aumento del salario mínimo, que todavía es insuficiente, y el de las pensiones mínimas, pues muchos están en pobreza y no pueden hacer nada porque no depende de ellos, ya que es el Estado el que decide la cuantía. También hay que apoyar a los jóvenes para emanciparse, apenas el 16% ha podido hacerlo”.
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